La consejera de Política Social, Cristina Valido, dijo hoy que la gestión en dependencia ha cogido "velocidad de crucero" y para 2019 se estudia un "ligero" aumento en el coste de las plazas e incorporar servicios de transporte, mientras que el PSC afirmó que hay un déficit "claro" de al menos 33 millones de euros.

La situación de la gestión en dependencia provocó hoy un cruce de reproches en el Parlamento regional entre la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, y la diputada del grupo Socialista Teresa Cruz, quien solicitó su comparecencia respecto a la estrategia políticas y medias previstas en este ámbito.

Mientras Cristina Valido aseguró que las comunidades autónomas que, como Canarias, han descentralizado la prestación en este ámbito son las regiones que han alcanzado "velocidad de crucero", Teresa Cruz objetó que el año pasado se incorporaron al sistema 2.565 personas, es decir, 432 menos que en 2016.

"Esa es la realidad y su mérito, lo que no había ocurrido en diez años", dijo Teresa Cruz en alusión a que 2016 (cuando la Consejería la gestionaba el PSC) se cerró con más reconocimientos a la dependencia que el año siguiente.

Teresa Cruz recriminó a la consejera que a 1 de enero de 2017 tenía 5 millones de euros para los servicios de autonomía personal en esta materia y sin embargo, añadió, firmó el convenio correspondiente con los cabildos en diciembre de ese año.

Tenía también 29 trabajadores estables con formación específica en dependencia y la consejera "alegremente" los destinó a otra área, advirtió la diputada socialista, quien reiteró que "el mérito" de Valido es disminuir dos puntos la lista de personas que esperan "en el limbo" de la dependencia.

Agregó que cada plaza cuesta 7.263 euros al año, por lo que se necesitarían 223 millones para cubrir la demanda y ello revela "un déficit claro" en el presupuesto de al menos 33 millones.

"Usted se dedica a contar estadísticas y este es un sistema de personas, no de datos ni expedientes", opinó Cruz, quien dijo que mientras la consejera siga viendo números "seguiremos anclados en la peor época de Inés Rojas, cuando tenía que fallecer una persona para incorporar otra al sistema, y la va a hacer buena", advirtió.

Valido replicó que los trabajadores del plan de choque se incorporaron en marzo del año pasado, no enero, y en lo que llegaban decidió que tres personas fueran de manera temporal a apoyar "a las miles de familias numerosas" que reclamaban su carné y también estaban acudieron a los tribunales para ello.

"Se han hecho 7.000 carnés más de familia numerosa y 1.600 reconocimientos de discapacidad y aún así hay problemas, vamos a machacar con la dependencia que es por donde les podemos dar", recriminó Valido, quien aseguró que la dependencia ha recibido "muchísimo personal en 2017 y no se ha visto perjudicada".

Añadió que en 2016 se registraron 1.636 bajas por fallecimiento en el sistema de dependencia y esta cifra ascendió a 2.030 el año pasado, y corresponden a personas que ya percibían la prestación correspondiente.

El PSC "heredó" muchos expedientes ya tramitados y no efectuó en su etapa la doble visita de evaluación que realiza actualmente la Consejería, y "así es fácil" hablar, continuó Valido.

"Ha habido muchísimo más trabajo y más esfuerzo para alcanzar unas cifras que parecían muy difíciles", indicó la consejera, quien explicó los planes para ver cuántas plazas se pueden financiar para que los ayuntamientos asuman servicios de autonomía personal, al tiempo que con los cabildos se aumentará el número de plazas residenciales diurnas.

Para el próximo año se incorporarán servicios de transporte, del que carecen la mayor parte de los centros de día y que motiva el rechazo de las familias que no pueden llevar y traer a la persona dependiente.

Esta colaboración entre instituciones "es lo que va a dar un vuelco al sistema y un reto importantísimo en el que estamos trabajando", prosiguió la consejera.

Luis Campos, de Nueva Canarias, señaló que se ha ido corrigiendo una situación que partía de datos "lamentables, catastróficos y con engaños" pero aún así Canarias "sigue a la cola", por lo que apuntó que la descentralización y la implicación de los ayuntamientos es "esencial".

La diputada del grupo Popular Lorena Hernández culpó a CC del "retroceso" en este ámbito y expresó su sensación de que la consejera "ha tirado la toalla" y ha dejado "en el limbo" a más de 11.000 solicitantes "en un año negro para la dependencia".

Guadalupe González Taño, del grupo Nacionalista Canario, puntualizó que en 2017 se dieron de alta en el sistema 4.394 personas y se incorporaron 579 plazas.

"Eso es gestión y sé que hay gente a la que no le gusta, pero es la realidad de los datos", advirtió.

Por Podemos la diputada María del Río dijo que el sistema padece "un tapón de botella enorme" y pidió a la Administración autonómica que no gaste "más tiempo, dinero y sufrimiento de las personas".

Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera, afirmó que es real el alza en el servicio de dependencia pero no el suficiente porque de 43.477 solicitudes sólo el 65 por ciento ha tenido respuesta, el tempo medio de espera se sigue prolongando varios meses y recordó que para 2030 el 40 por ciento de la población serán mayores de 65 años, es decir, dependientes.