El Gobierno de Canarias ha registrado un total de 350 diligencias embargo en 2017, ha informado hoy la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, quien ha lamentado que el fraude fiscal afecta gravemente a la financiación de los servicios públicos esenciales, debido a su impacto en los ingresos tributarios.

Además, perjudica a las empresas que ejercen su actividad de forma transparente, generando competencia desleal y lesionando los derechos de los trabajadores, ha admitido la consejera en su comparecencia en comisión parlamentaria para hablar, a instancias del PP, sobre el número de diligencias de embargo en 2016 y 2017.

Ha explicado que el Gobierno canario lucha contra el fraude fiscal con medidas aplicadas de forma coordinada por varias consejerías, preferentemente en las áreas de hacienda, empleo, industria, comercio y turismo.

Para Dávila "una de las medidas más eficaces" para descubrir a los defraudadores y hacer que regularicen sus deudas tributarias es mediante el incremento progresivo de las actuaciones de control e inspección que realizan los funcionarios de la Agencia Tributaria.

Por eso, una de las líneas de actuación del Gobierno es el refuerzo operativo de la Agencia Tributaria mediante el incremento de sus recursos humanos y materiales con los nuevos funcionarios previstos en la ofertas de empleo.