La Fiscalía Anticorrupción ha admitido, en su respuesta a la denuncia de Francisco Bautista, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, que los procesos de contratación para el personal en régimen estatutario son "irregulares". Sin embargo, no considera que los hechos denunciados por Bautista "deban merecer un reproche legal".

Francisco Bautista registró el pasado 13 de noviembre una denuncia a los procesos de selección y contratación del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ante la Fiscalía Anticorrupción. En ese documento, Bautista alertaba de la "irregularidad" de los procesos de contratación de personal estatutario en el centro hospitalario, ya que se regía por el convenio colectivo del personal laboral. Asimismo, acusó a varios altos cargos que ejercieron su labor en el centro hospitalario durante los años comprendidos entre 2009 y 2016 de "presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias".

En el documento de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EL DÍA, se concluye que "puede hablarse de fraude de ley en la contratación a aplicar, en esencia, la normativa laboral para la contratación de personal sujeto a principios de contratación pública".

Para realizar esta afirmación, la Fiscalía se remite a la Ley 55/2003 de 16 de diciembre, del Estatuto Marco de Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Una norma que apoya que "el personal estatutario no está vinculado a los Servicios de Salud por una relación de naturaleza laboral, sino de naturaleza funcionarial".

A pesar de ello, la Fiscalía tiene en cuenta que no se ha desarrollado la normativa de los acuerdos de integración del hospital en el Servicio Canario de la Salud (SCS) y que "la regulación existente remite a procedimientos de selección sin definir la naturaleza".

Por eso, concluye que las "irregularidades descritas" quedan "extramuros del Derecho Penal". Lo que, por otro lado, no quita que emplace al denunciante a "emplear los mecanismos de impugnación de la actividad administrativa prevista en el Ordenamiento Jurídico Vigente".

Y es que, ante el vacío legal al que se enfrentaba el HUC en 2009, durante su integración en el SCS, se adoptó un acuerdo, el 3 de octubre de 2008, entre sindicatos y administración, que incluía la posibilidad de contratar a personal estatutario mediante el convenio colectivo, "hasta tanto no se dispusiera de otra forma en el seno de la Mesa Sectorial de Sanidad". La crítica en todo momento tanto por parte UGT como de otros tres sindicatos que se unieron a su causa es que pasados casi 10 años "no debería seguir vigente".

En esta línea, y tras recibir esta respuesta, Bautista emplazó a la dirección del SCS a crear una "norma que unifique criterios de contratación".

Por otra parte, la Fiscalía archivó la denuncia hacia varios altos cargos del centro hospitalario, al considerar que "no existen datos objetivos que hagan dudar de la idoneidad de los señalados", consecuentemente, "tampoco reviste caracteres de delito su designación".

El HUC se defendió alegando que el documento "reconoce que no ha habido ninguna ilegalidad en los procedimientos para la selección de personal llevados a cabo en el HUC". En esta línea, argumentó que, como la denuncia ha quedado archivada, "no es recurrible", pero que la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, "está ya trabajando en la elaboración de una normativa que dote de homogeneidad la selección y contratación de todo el SCS".