La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) ha afirmado que las distintas administraciones, en sus distintos ámbitos de competencia, tienen la responsabilidad "ineludible" de controlar que los áridos que se utilicen tanto en las obras públicas como en las privadas cuenten con el preceptivo marcado CE, que garantiza la calidad y seguridad mínima exigible de las mismas. En caso contrario, avisa, no solo se encarecerá el árido sino que las extracciones incontroladas de áridos tendran una repercusión negativa en el paisaje rural de Tenerife.

Fepeco ha indicado en una nota que la realidad de los áridos en Tenerife a día de hoy es que solo hay dos canteras legales: Archipenque en Arico, que se acabará en pocos meses y que tiene una excelente ubicación para servir a los dos centros de consumo importantes (área metropolitana y zona sur), y los Pasitos en Santa Cruz, que aún no ha empezado a producir y que está muy alejada del importante centro de consumo del sur.

Todo lo demás, en cuanto a canteras se refiere, son posibilidades y especulaciones que requieren de una tramitación burocrática muy larga de diez años como mínimo, asegura la patronal, que da por hecho que la política de las autoridades es la de extraer los áridos de canteras localizadas, de calidad contrastada y con plan de restauración aprobado y avalado para que el impacto ambiental sea mínimo, nada significativo, respecto al volumen emergido de la isla y, sobre todo, para que las explotaciones siempre estén controladas técnica y medioambientalmente.

Esta extracción con canteras legales, según la Federación, sólo afectará a áreas localizadas y especialmente elegidas del territorio donde exista recurso de calidad adecuada y que además pueda extraerse de una forma compatible y respetuosa con el medio ambiente. Añade, además, que estas explotaciones localizadas, una vez restauradas, tendrán otra utilidad social: plantaciones agrícolas, energías renovables, áreas de ocio rural, entre otras.

Fepeco advierte que si se sigue con la política actual, impidiendo el desarrollo de canteras legales localizadas y alternativamente autorizando plantas de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) sin controlar el volumen que realmente están produciendo respecto al que tienen autorizado, ni de dónde sacan el material que machacan, sin garantizar que el árido que venden procede de un residuo, sin tramitar el obligado aprovechamiento geológico con su correspondiente Estudio de Impacto Ambiental, ni como obtienen el Marcado CE, se seguirá propiciando el picoteo actual del territorio, sin ningún control y el precio del árido subirá muy notablemente.

La patronal sostiene que actualmente no se generan en Tenerife residuos suficientes para cubrir la cantidad de áridos que están produciendo las plantas de tratamiento de Residuos de Construcción y Demolición autorizadas (RCD), por lo que éstas están generando residuos artificialmente para suministrarse sin que la Administración realice ninguno de los controles necesarios.

En esta situación, avisa la Federación, la superficie afectada de la isla se multiplicará enormemente, ya que, a diferencia de las canteras legales localizadas, las RCD no pueden hacer excavaciones profundas en las zonas que picotean, por lo que tienen que ir a desbrozar y destrozar superficie. Además, asegura que esta superficie nunca será restaurada, ya que las RCD no tienen obligación de hacerlo, ni aval que lo garantice, y en poco tiempo el paisaje rural de Tenerife tendrá una repercusión negativa.