El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido revocar el fallo de un juzgado de lo Contencioso de Las Palmas por el que se permitía a cabildos y consistorios el izado de la bandera canaria de 7 estrellas, paño que no es el oficial. Se le da la razón así a la Delegación del Gobierno en Canarias, que recurrió esa primera decisión y que abrió una polémica hace 2 años. El fallo conocido ayer, sin embargo, despertó lecturas opuestas entre los grupos parlamentarios, con una mayoría que, aunque por supuesto lo acata, discute la prohibición, recalca que, mayormente, el paño no responde a una reivindicación soberanista y critica que el debate esté trufado por la situación catalana.
Juan Manuel García Ramos (CC) aseguró ayer a EL DÍA que "la bandera tricolor tiene más asentamiento en Canarias que el TSJC", subrayando que "seguiremos luchando para que su uso sea un derecho de los canarios de bien". Asimismo, confía en que el Supremo, al que se recurrirá la decisión, "sea más comprensivo con la idiosincrasia de nuestro pueblo".
Juan Márquez (Podemos) alerta de la contaminación por Cataluña y cree que es el momento de que una bandera que tiene un componente más social y simbólico que independentista sea oficial, para lo que propone una consulta ciudadana y cambios en el Estatuto. Curbelo (ASG) se alinea con estos grupos y lamenta esa influencia, resaltando que este paño no crea conflicto, si bien aclara que, en su cabildo, siempre coloca la oficial.
Desde NC y a falta de leer el fallo, Román Rodríguez cree razonable y respetable el fallo, aunque coincide en que, cuando él mismo ha ondeado ese paño, no ha sido por soberanismo. Gustavo Matos (PSOE) también lo considera lógico y, aunque defiende su uso social en fiestas y eventos deportivos, insta a cambiar el Estatuto para que sea oficial, debate en el que su partido no está. Australia Navarro (PP) recalcó que "ya era hora de que esto se aclarara", defendiendo la oficial, afirmando que se trata de una bandera de un partido e instando a que, si se quiere, se proponga cambiar el Estatuto.