Los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares han dado un paso más en el frente común que han planteado ante el Estado para obtener mejoras en los presupuestos de 2018 y una flexibilización de las restricciones que limitan la capacidad financiera de ambas administraciones. Los presidentes del Ejecutivo canario, Fernando Clavijo, y balear, Francina Armengol, se reunieron ayer en Tenerife e insistieron en su reclamación -compartida por las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- de que el descuento para residentes en las conexiones aéreas y marítimas entre los archipiélagos y el resto del territorio nacional se eleve del actual 50% al 75%.

Clavijo afirmó que la predisposición mostrada por el Gobierno central para atender esta demanda no se ha visto reflejada en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, aunque puntualizó que se les ha transmitido que en el proceso de tramitación de las cuentas habrá unanimidad en esta cuestión.

Respecto a la regla de gasto, los ejecutivos de los dos archipiélagos plantearán enmiendas al presupuesto para que se les permita reinvertir en los servicios públicos esenciales el superávit público conseguido en 2017. "Canarias y Baleares hemos sido muy cumplidoras", dijo Armengol.

El empleo turístico y su calidad también fueron abordados por los dos presidentes autonómicos. Francina Armengol destacó que el convenio colectivo del sector de la hostelería en Baleares recoge un incremento de los sueldos del 17% en cuatro años, y recordó que el gobierno que preside medió en la negociación entre patronal y sindicatos para que así fuera. "La riqueza del turismo tiene que revertir en la sociedad", advirtió.

También en relación con el turismo, Clavijo y Armengol coincidieron en la necesidad de que el Estado financie las mejoras de los espacios e infraestructuras turísticas, que en la actualidad asumen en solitario las administraciones regionales.

El alquiler vacacional, un fenómeno que afecta a ambas comunidades autónomas, formó parte de la agenda de la conversación entre los dos gobiernos, aunque Armengol puntualizó que se trata de "dos realidades distintas" y que "cada uno debe aplicar las políticas que mejor le puedan ir".

La presidenta balear explicó, en este sentido, que Baleares ha establecido, a través de una ley -Canarias ha optado por un decreto-, un "techo de plazas" y ha fijado las características que debe reunir una vivienda para ser alquilada con uso turístico. Los consells insulares y el ayuntamiento de Palma han colaborado en la zonificación, mientras que el Gobierno ha prohibido comercializar en las plataformas "online" las viviendas que no se encuentren incluidas en el registro creado por la Administración.

La Ley del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, cuya revisión se encuentra en trámite de enmiendas en el Congreso, recogerá que el descuento de 75% en el transporte aéreo y marítimo entre islas de los residentes se aplicará no sobre una tarifa bonificable, como había propuesto el Gobierno central, sino sobre la tarifa regular de pasajeros. Esto impedirá, explicó ayer la consejera de Hacienda del Ejecutivo regional, Rosa Dávila, que la tarifa se pueda modificar por vías ajenas a la propia Ley del REF.

Este aspecto quedó ayer "aclarado" durante la reunión que Dávila mantuvo en Madrid con el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, y la diputada canaria del PP Ana Zurita, miembro de la ponencia parlamentaria que estudia los cambios en la parte económica del fuero isleño. Canarias alegaba que aplicar el descuento sobre una tarifa bonificable abría la posibilidad a que la rebaja no se hiciera sobre el precio final del billete aéreo o marítimo.

En relación al transporte, la consejera apuntó que si finalmente los presupuestos generales del Estado incluyeran la elevación del descuento de residente al 75% para las conexiones con el resto del territorio nacional, esta medida podría incorporarse al REF "más adelante" o, si aún estuviera abierta la ponencia, ahora mismo.

El encuentro con el secretario de Estado y con la diputada del PP permitió también desbloquear otra de las reivindicaciones que, como la del descuento, comparten Coalición Canaria y Nueva Canarias: ampliar las ayudas del Régimen Económico y Fiscal de la extracción de agua a la desalación para uso agrícola.

Dávila advirtió que avanzar en la negociación del REF es "una condición" para que CC apoye los presupuestos generales del Estado de este año, que su partido considera "buenos" para las Islas.