El último caso de acoso conocido en la Universidad de La Laguna (ULL) tardó ocho meses en llegar a la Fiscalía. El rectorado de la institución académica tuvo conocimiento de los hechos en junio de 2017 y los hechos fueron puestos en conocimiento de la Justicia en febrero de 2018. Durante ese tiempo, el centro sostiene que activó el protocolo y que, en el transcurso del proceso, constató que había indicios de delito y derivó el caso a la Fiscalía.

Se trata de una alumna que recibió centenares de emails de su profesor que consideró que iban mucho más allá de la relación entre estudiantes y docentes. La instrucción del caso dio la razón a la joven, que cursaba su primer año en la Universidad, y el caso se derivó a la Fiscalía. En ese momento, la ULL ya había iniciado un expediente sancionador hacia el profesor. En estos momentos, ese expediente está paralizado, pero no suspendido, a la espera de que la Justicia concluya las diligencias oportunas.

El equipo rectoral de la ULL se reunió ayer con la joven para informarla del proceso, que está judicializado a través de dos vías: por una parte, la denuncia de ella en un juzgado y, por otro, la remisión a la Fiscalía por parte de la propia universidad.

Según fuentes del centro, las actuaciones se llevaron con toda la celeridad posible. Se nombró a una instructora y una perito y se siguió el protocolo. Sin embargo, alumnas y afectadas no están de acuerdo con el funcionamiento del protocolo.

El goteo de casos de acoso en la Universidad no ha cesado desde que el pasado 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer, un grupo de alumnas recorrió las facultades de distintos campus, con altavoces en mano, denunciando el trato vejatorio de determinados docentes.

Tras esa jornada, la Universidad registró al menos cinco denuncias de chicas, algunas contra un mismo profesor. El efecto dominó parece haberse iniciado y no tener fin. Según ha podido confirmar este periódico, hay al menos otra alumna que ha presentado quejas por comportamiento inapropiado de un docente y este ha tenido que dejar de darle clase por mandato rectoral. Su caso, no obstante, no se ha calificado como acoso sexual o sexista.

El protocolo contra el acoso sexual y sexista de la Universidad, que lleva tres años en vigor, establece la necesidad de incorporar medidas cautelares cuando se denuncia una situación así. En el caso de esta joven, sostienen que no fue necesario apartar al docente porque la asignatura era cuatrimestral y llegaba a su fin. Sin embargo, este año el docente sigue dando clase en su facultad.

Ningún responsable de la ULL ha querido explicar con detalle lo ocurrido.