Los intentos de diferentes administraciones por perfeccionar la regulación de los guachinches y evitar el uso fraudulento del término por otros establecimientos no terminan de concretarse. La imposibilidad de registrar el término a través de la Oficina de Patentes y Marcas ha llevado a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias a promover entre el sector la creación de una marca de calidad que permita identificar a quienes se ajustan a la normativa -profesionales del sector primario, sobre todo del vino, que venden sus excedentes- y que "no tengan cabida" quienes utilizan la denominación de forma incorrecta.
Así lo anunció ayer en el Parlamento regional el consejero del área, Narvay Quintero, quien explicó que esta marca debería ser generada por el propio colectivo. "Estamos trabajando con ellos para que se organicen y tener una regulación más estricta", dijo Quintero.
El Cabildo tinerfeño trató en 2015 de registrar la marca Guachinches de Tenerife, pero el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) interpuso un recurso al entender que se trata de un término "genérico" -como bar o restaurante-, aunque también ha sido registrado por una empresa de la Península, como señaló el diputado de Podemos Francisco Déniz y confirmó el consejero.
Quintero intervino en la comisión de Agricultura de la Cámara autonómica a petición de Déniz, quien defendió los guachinches como una "actividad económica, social y cultural" y el ejemplo "más fidedigno" de los usos complementarios en suelo rústico que recoge la Ley del Suelo.
Aunque defendió el decreto aprobado en 2013, Déniz consideró necesario revisarlo para evitar el "fraude", que suscita malestar en el sector, dijo. Dicho fraude tiene dos formas: los guachinches que no cumplen la normativa y los restaurantes que se presentan como guachinches sin serlo.
Quintero coincidió en que el decreto de 2013 fue "muy positivo", pero también en que "tiene una parte de mejora".
El consejero respondió también una pregunta del diputado del grupo nacionalista David Cabrera sobre el programa de frutas y hortalizas en centros escolares, en el que se ha hecho -según Quintero- un "esfuerzo importante" para extenderlo. La cifra de alumnos que participan en esta iniciativa ha crecido de 54.200 a 80.200 en el último año, mientras que la de centros educativos ha pasado de 210 a 365. El programa, añadió el consejero de Agricultura, dispone de un presupuesto superior a los 665.000 euros e incluye no solo el consumo de frutas y verduras -de temporada y, preferentemente, de explotaciones cercanas a los centros-, sino también jornadas formativas.
El sector de la pesca recreativa reivindicó ayer en el Parlamento canario su contribución a la economía del Archipiélago y defendió que, en la actualidad, supera en este aspecto a la profesional. Tras el desplome de la pesca artesanal después de su salida del banco canario-sahariano, la recreativa "ha tomado el relevo", dijo en la Cámara regional Orlando Millares, de la asociación de empresas de náutica y pesca recreativa Asenper.
Millares compareció en el Parlamento junto a Carlos Martínez, presidente de la Asociación del Sector de la Pesca Recreativa de Canarias Proypesca. El primero cifró en 194 millones de euros la facturación anual de la pesca deportiva, una actividad que "genera puestos de trabajo sin ningún tipo de subvención", dijo.
Pese a las llamadas a la convivencia con la pesca profesional -"hay que dialogar, llegar a acuerdos y respetarnos"-, tanto Millares como Martínez advirtieron de que la actividad artesanal "nunca va a ser rentable en Canarias". A juicio de Martínes, el sector profesional "debe reconvertirse a otras actividades, como el turismo náutico o el marinero". Eso sí, puntualizó, debe hacerlo "en igualdad de condiciones" con los recreativos, es decir, sin recibir subvenciones.
Los comparecientes denunciaron las restricciones que impone la normativa canaria a la pesca recreativa, sobre todo a la submarina. Para Martínez, la ley canaria está hecha "ad hoc" para cada cofradía de pescadores.