El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer el decreto por el que se le da vía libre a la oferta pública de empleo (OPE) de Educación para 2018 con 1.160 plazas para secundaria, técnicos de formación profesional y profesorado de las escuelas oficiales de idiomas. La consejera de Educación, Soledad Monzón, precisó que dichos puestos corresponden a la tasa de estabilización, autorizada por el Gobierno central, y será la única este año, ante la falta de respuesta del Estado a los requerimientos para autorizar la oferta también de otras 881 plazas, correspondientes a la tasa de reposición.

Monzón insistió en que la intención del Ejecutivo canario era convocar un total de 2.041 plazas, pero era necesario, según establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que el Gobierno central aprobara la tasa de reposición mediante un real decreto. Sin embargo, no hay previsión de que el Gobierno central lo apruebe.

No obstante, recalcó que se trata de "una oferta amplia", a lo que la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, agregó que las de reposición no se han convocado por retraso de los presupuestos estatales y la inestabilidad del país.

La consejera de Educación recordó que la fecha de examen será el 23 de junio, día en el que coinciden pruebas similares en otras comunidades autónomas, y destacó que, de las 33 especialidades que se sacan a concurso, hay 19 para Secundaria, 11 para técnicos de formación profesional y 3 de las escuelas oficiales de idiomas.

Las pruebas no solo se celebrarán en Tenerife y Gran Canaria, sino que en otras islas donde haya un "número considerable o mínimo" de opositores que se presenten, donde se constituirá un tribunal para evitar traslados.

El consejo, además, aprobó el informe sobre la oportunidad, objetivos generales y principios que deberán regir la elaboración de la nueva Ley de Cooperativas de Canarias, toda vez que el marco normativo hasta ahora vigente se ha quedado obsoleto e incapaz de responder ante las nuevas necesidades planteadas para las empresas en una economía más plural y globalizada. El nuevo texto, a cuya elaboración da luz verde el Gobierno, pretende ser un instrumento adecuado para conferir seguridad jurídica a las sociedades cooperativas y sus entidades asociativas, constituyendo la primera ley de cooperativas que se aprueba en las islas tras la asunción de competencias en esta materia por la Comunidad Autónoma.

Por su parte, La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, tildó ayer de "infamia que tendrá su justa contestación donde corresponda" la acusación de Patricia Hernández (PSOE) del crecimiento de un 51 por ciento de las cirugías concertadas el año pasado a favor de Hospitales San Roque, empresa donde trabajaba el consejero de Sanidad, José M. Baltar. Dávila lo defiende como un "magnífico consejero" que está trabajando "con eficacia y eficiencia", como prueba, a su juicio, la bajada de las esperas quirúrgicas "un 16% en 2017".

Asimismo, indicó que espera que se incluyan ayudas en el REF para combatir la pobreza.

El Consejo del Gobierno regional aprobó también ayer, y a propuesta de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, el adelanto del reparto del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) correspondiente a 2018, por un importe de 266,817 millones de euros.

De esta cuantía, la Federación Canaria de Municipios recibirá el 1% (2,688 millones), por lo que los municipios se distribuirán los 264,149 restantes, según detalló ayer la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Como siempre, y por su peso poblacional, los cuatro municipios que más recibirán son Las Palmas de Gran Canaria (34,1 millones), Santa Cruz de Tenerife (18,7), La Laguna (14,4) y Telde (10,3), lo que hace un total de 77,5 para estas grandes ciudades, que presentan también los mayores índices, por ejemplo, de paro.

Por otra parte, y de conformidad con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2018, del total del FCFM a repartir entre los municipios, 24.902.746 euros se aplicarán mediante decreto al cumplimiento de competencias municipales previstas en la Ley 7/2015 de Municipios de Canarias.