El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, negó ayer que la concertación haya crecido en 2017 respecto a 2016 y, al menos en gasto y en clínicas privadas, bajó un 0,68% y un 0,26. Estos datos, la defensa más pasional que nunca que hizo de su gestión, el respaldo total de Elena Luis (CC) y la comprensión de Casimiro Curbelo (ASG), sin embargo, no lograron que la oposición mayoritaria le reprochase el incremento en un 51% de las derivaciones desde el hospital Negrín a la clínica San Roque, la empresa privada de la que procede. Una situación que, según remarcó Zacarías Gómez (PP) y corroboraron aún con más vehemencia Patricia Hernández (PSOE) y Juan Márquez (Podemos), le ha dejado "manchado" y le hace incompatible con el cargo, al menos, desde la perspectiva ética.
Baltar dejó esos porcentajes para su última intervención, en la que subrayó que el gasto sanitario en Canarias deja a la comunidad en el puesto 12, muy cerca de Galicia, con lo que le pidió al PP que rebajara sus críticas. Asimismo, le dijo a Podemos que el manifiesto por la sanidad que ha impulsado cumple casi al 100% el pacto por su calidad suscrito en 2015 por grupos como el de Márquez, mientras que invitó a Hernández a acudir a los tribunales si cree que ha habido alguna ilegalidad en los conciertos.
En este sentido, insistió en que las derivaciones a la privada la deciden y fiscalizan funcionarios, al tiempo que reiteró que las listas de espera han bajado en 16.000 personas y que las pruebas y operaciones han aumentado en 2017 un 30% porque se han aprovechado más y mejor los recursos técnicos y humanos utilizándolos en centros privados. Sobre esto, recalcó que la actividad ha aumentado un 25% con médicos propios y un 13% con privados. Con Hernández fue muy dura recordándole que trabajó para gobiernos del PSOE del 83 al 94 e insinuando que los valores y el trabajo que palpó en ese partido no lo aprecia en ella. Su intervención final fue alabada (con golpes en su escaño) por A. Navarro (PP).
La exvicepresidenta, por su parte, remarcó que solo ha usado los datos que le ha dado la propia consejería y que nadie ha desmentido ese 51% más de derivaciones hacia su exempresa, así como el aumento en un 17% de las operaciones en privadas, de las que un 43% se hacen en la red de San Roque. Lo acusó de ser trilero con los datos y escudarse en los funcionarios cuando sabe que todo depende, por ejemplo, de una jefa de su confianza. Además, le reprochó que, frente a Morera, ha aumentado la demora media en 14 días pese a contar con 200 millones más. A su juicio, y si bien no anunció acciones legales, lo ocurrido con los conciertos y que Clavijo firmase su incompatibilidad, usándose la firma del consejero de Agricultura, es simplemente una "golfada". El porcentaje de reducción lo contrarrestó con la subida del gasto concertado.
Gómez dejó claro el apoyo del PP a la concertación, aunque, a su juicio, el problema es la gestión de CC y la falta de planes como el de salud. Para Márquez, CC simplemente trata de privatizar la sanidad emulando a Thatcher, pero, encima, haciéndolo mal. "No saben ni ser neoliberales", les espetó, al tiempo que recordó que siguen vigente conciertos desde los años 60, que algunos se firman con clínicas no homologadas o que son claramente ilegales.
Una de las intervenciones sobre sanidad que más sorprendió ayer fue la de Román Rodríguez. No por demostrar, de nuevo, que domina a fondo la materia, sino porque desveló, para resalte posterior de Hernández, que, en su etapa al frente del SCS o ya de presidente, momento del traspaso de competencias, se le impidió crear en Tenerife "un gran hospital, como el Negrín", que se sumó al de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro... No aclaró si se debió a la presión de la sanidad privada, pero Podemos y PSOE dudaron poco. El contexto en el que aludió a esto se debió a su remarque de que, desde la ley del PSOE de 1986 que hizo a la sanidad universal y gratuita, es uno de los servicios de los que más orgullosos deben estar los españoles, con peros como el de la investigación, la salud alimentario o ambiental. Pese a la presión del capital, tiene claro que la sociedad no permitirá un retroceso en esto. Eso sí, censura que Canarias esté a la cola en listas de espera o que tenga el doble de tiempo de demora, si bien cree, "por experiencia", necesaria la concertación "porque, si no, defendería su nacionalización". A su juicio, y en contraste con su etapa, cuando se pasó de 200.000 metros de hospitales y centros "obsoletos" a 700.000, ahora se ha dejado languidecer el sector.
Matos alude a Rivero por el estatuto de los cargos
La sesión se cerró ayer con la toma en consideración de la ley de altos cargos. Una norma que comenzó el anterior consejero de Presidencia, Aarón Afonso (PSOE), y que, según este grupo, Podemos y NC, se ha rescatado tras mucha espera. El PP remarcó que, en un 90%, es el texto previo y Gustavo Matos le dio razón, pero con un matiz clave: el artículo 42. A su juicio, CC ha introducido contenidos en este punto que no contempla ninguna ley similar de otras regiones y que, pese a la negativa del consejero, José Miguel Barragán, y Socorro Beato, simula una puerta giratoria para que consejeros como Ortega (Economía) o Baltar vuelvan a sus empresas al día siguiente de dejar su cargo y no 2 años después, como ahora. Barragán insistió en el régimen de incompatibilidades y recordó que Morera también ha vuelto a su labor previa, pero Matos le recordó que es funcionario y que Clavijo advirtió (informe en mano) de los perjuicios que podía sufrir el Tenerife si Paulino Rivero lo presidía pues no podría recibir ayudas, algo que se pregunta si pasará con las empresas de Baltar y Ortega. Todos, eso sí, confían en que el trámite mejore la ley, aunque ayer se le tumbó a Podemos su petición de retirada.
Primeros pasos de la ley de las estaciones de ITV
También se espera esa mejora para la otra norma que comenzó ayer su andadura. Se trata de la de estación de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), texto que el PP aún cree muy escueto y que el PSOE, Podemos y NC esperan que sirva para garantizar el trabajo, para que haya más inspección interna, que el servicio sea adecuado, se minimicen los riesgos con inspecciones laxas (por ejemplo, de guaguas), no haya precarización ni los males de una liberalización mal concebida. ASG, además, advirtió del riesgo de que las islas menores se queden sin este servicio, pidiendo que ahí sean públicos.
Emotiva PNL sobre empatía y animales
Entre las PNL, sobresalió la defendida por una emocionada Natividad Arnáiz (Podemos), cuyas lagrimas y bloqueos momentáneos al argumentar la necesidad de educar en empatía animal como antídoto contra la violencia machista, en las aulas o en general contagió al resto de grupos, que alabaron la iniciativa. Asimismo, se aprobaron dos puntos de otra PNL del PSOE para desarrollar los planes educativos aún pendientes.