El juicio del caso Corredor, en el que están acusadas nueve personas por estafa, falsificación de documentos y delitos patrimoniales, ha quedado suspendido antes de comenzar la segunda sesión, hasta que resuelva la recusación del tribunal presentada por uno de los reos, Evaristo González Reyes.

El tribunal había convocado para las 10.00 horas la segunda sesión del juicio, que comenzó el 7 de mayo, pero una hora antes se recibió un escrito de recusación que tras ser analizado por el tribunal fue admitido a trámite y sobre el que deberá decidir otra sala.

Aunque Evaristo González no quiso especificar sus motivos para recusar a los tres miembros del tribunal, indicó que se basa en su supuesta falta de imparcialidad por haber tenido intervenciones anteriores en cuestiones relacionadas con el caso que se juzga, lo cual ha contaminado la causa.

Antes de conocerse la recusación, estaba prevista la reanudación del juicio para resolver las peticiones de las defensas de los nueve acusados, que habían pedido la anulación de las grabaciones telefónicas realizadas por la Policía, que constituyen la prueba de cargo fundamental en este caso.

Lo que se juzga es una de las piezas separadas del denominado caso Corredor, en el que la fiscal pide 16 años de prisión para el principal encausado, el empresario y abogado lagunero Evaristo González Reyes.

El caso Corredor se inició en 2010 a raíz de la denuncia de un empresario dedicado al ocio nocturno en La Laguna, quien alegaba que González Reyes quería quedarse con su local, presuntamente en connivencia con la Policía Local, cuando el concejal de Seguridad era Fernando Clavijo, actual presidente del Gobierno de Canarias.

A raíz de la denuncia, y ante indicios de delitos como prevaricación, coacciones, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, se ordenó por la autoridad judicial la intervención de los teléfonos de González Reyes y Clavijo.

A partir de las escuchas, el caso Corredor dio lugar a tres piezas separadas, una de las cuales, la relativa a los posibles delitos de corrupción, en la que Clavijo llegó a estar imputado, fue sobreseída por la anulación de una parte de las intervenciones telefónicas.

Las otras dos partes se refieren a presuntos delitos contra la Seguridad Social, pendiente de juicio, y la pieza principal, relacionada con delitos patrimoniales y de estafa, que es la que estaba juzgando.

Entre las presuntas estafas que la Fiscalía achaca a Evaristo González figura la posible apropiación de terrenos sobre los que se levanta un centro comercial, el cobro irregular de un seguro del incendio de un local, la compra fraudulenta de un vehículo y el reintegro irregular de un billete de avión.

Otra de las acusaciones se refiere a la contratación de un testigo falso para un juicio penal.

Los letrados de la defensa han pedido la nulidad de las grabaciones y del registro efectuado en el despacho profesional de Evaristo González, cuestión sobre la que hoy debería haberse pronunciado el tribunal, antes de la suspensión del juicio para resolver la petición de recusación.

La fiscal defiende que las grabaciones, realizadas entre el 21 de abril y el 21 de noviembre de 2010, son perfectamente válidas y se sustentan en un auto judicial que pudo ser reconstruido pese a que había desaparecido "misteriosamente".