El Gobierno autonómico ha iniciado la modificación del reglamento de la Mesa del Transporte Terrestre para ampliar la representación de los sindicatos. La Administración regional cumple, de esta manera, con el compromiso adquirido ante las organizaciones sindicales, que incluso habían interpuesto un recurso contencioso-administrativo para tratar de corregir lo que consideraban una exclusión del órgano en que se debate la revisión de la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias.

En la actualidad, el reglamento solo contempla dos vocalías "en representación de las centrales sindicales más representativas", lo que, a juicio de estas organizaciones, dejaba fuera -o solo como invitado a las reuniones- a una de las tres mayoritarias (CCOO, UGT e Intersindical Canaria). La nueva redacción del decreto -que se encuentra en fase de exposición pública- prevé que haya dos vocales "por cada una de las centrales sindicales más representativas", lo que podría elevar la presencia de los sindicatos de dos a seis personas en este órgano.

Además, el proyecto de decreto elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes incorpora una vocalía en el pleno por cada central más representativa en el ámbito del transporte por carretera, excluidas las ya presentes en virtud de la disposición anterior.

La misma medida incluye el borrador de reglamento en lo referido a las mesas del taxi, del transporte de viajeros y del transporte de mercancías, en las que se sentará una persona por cada una de las organizaciones sindicales más representativas del sector y también de cada uno de esos subsectores, siempre que no coincidan con las primeras.

"Nos damos por satisfechos con estos cambios. Nos reponen en el sitio que nos corresponde", avanzó ayer Pedro Moreno, de Comisiones Obreras, quien recordó que, cuando los tres sindicatos hicieron público su malestar con la organización de la Mesa del Transporte y anunciaron la presentación de un recurso ante los tribunales -aún sin resolverse-, la Administración autonómica se comprometió a corregir la situación, aunque estas modificaciones han tardado cerca de seis meses en introducirse.

La revisión del decreto equipara el trato concedido a los representantes de los trabajadores con el que otorga la normativa a las organizaciones empresariales.