La Comisión Europea (CE) ha anunciado hoy que denunciará a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no establecer ni revisar los planes de gestión de residuos previstos en la normativa comunitaria, entre otros lugares, en Canarias
Bruselas ha explicado que no se han establecido ni revisado esos planes en cuatro comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Canarias y Madrid, así como en la ciudad autónoma de Ceuta.
España tenía que haber establecido los planes de gestión, previstos en la Directiva sobre residuos, para todo su territorio como muy tarde el 12 de diciembre de 2010 y debía haber evaluado y revisado esas iniciativas como mínimo cada seis años.
Además, las autoridades españolas tenían que haber informado a Bruselas de los planes de gestión una vez adoptados, y de todas sus revisiones.
"La Comisión ha instado reiteradamente a España a cumplir las obligaciones que le incumben: primero a través de una carta de emplazamiento, en noviembre de 2016, y después mediante un dictamen motivado en julio de 2017", ha indicado hoy el Ejecutivo comunitario.
Los planes de gestión de residuos son, según la CE, "un instrumento clave" a la hora de reducir el impacto negativo de la generación y la gestión de los residuos sobre la salud y el medio ambiente.
Por otra parte, la CE ha enviado hoy a España un primer aviso en relación con otro incumplimiento de la Directiva de residuos.
El Ejecutivo comunitario ha remitido al país una carta de emplazamiento para que cumpla con una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2017 que declaró que España había incumplido la legislación sobre residuos por no adoptar las medidas necesarias en 61 vertederos.
"Las autoridades españolas tenían que haber garantizado que la gestión de los residuos se realiza sin poner en peligro la salud ni perjudicar al medio ambiente", señaló la CE.
Pese a "algunos avances" desde la sentencia, "la clausura, sellado y las obras de reparación están aún pendientes en 22 vertederos (19 en Canarias, uno en Andalucía y dos en Murcia), en los que se prevén retrasos importantes", ha señalado la Comisión.
La CE ha añadido que más de un año después de la decisión del Tribunal, "la sentencia aún no ha sido aplicada en su totalidad por las autoridades nacionales, lo que supone un riesgo para la salud de las personas y para el medio ambiente".
Tras la carta de emplazamiento, España tiene un plazo de dos meses para actuar.