La lista de detractores del nuevo decreto de alquiler vacacional que prepara el Gobierno de Canarias no deja de engordar. Dos sectores estrechamente unidos -el de la construcción y el inmobiliario- cargaron ayer con dureza contra el borrador presentado hace unas semanas por la Consejería de Turismo, que consideran que ha nacido "viciado" y que incurre en las mismas deficiencias de la norma que viene a sustituir y que sigue aún en vigor: la prohibición de la actividad de las viviendas vacacionales en zonas turísticas.
Isidro Martín, secretario de la junta directiva de Fepeco -patronal de la construcción en la provincia-, responsabilizó al consejero y al viceconsejero de Turismo de la falta de consenso que, a su juicio, ha caracterizado el proceso de elaboración del proyecto de decreto. "Llevamos un año y medio intentando que nos llamen a una mesa sectorial. Tiene que hacerse un nuevo decreto", dijo.
Al limitar el alquiler turístico a las zonas residenciales, el borrador "perjudica al usuario de alquiler de larga temporada" y dificulta el acceso a la vivienda a precios asequibles, señaló Rubén Darío, presidente de la Asociación Inmobiliaria Tenerife Sur.
Constructores y profesionales inmobilarios coinciden en alertar de que "la economía puede verse terriblemente afectada" por esta restricción. Los negocios perjudicados no solo serán, indicaron, los que se encuentran en las cercanías de las viviendas vacacionales -supermercados, restaurantes, tiendas-, sino también notarios, bancos, tiendas de muebles y los propios agentes inmobilarios y empresas constructoras, muchas de las cuales han vivido una "reactivación" gracias a los trabajos de reforma y rehabilitación que precisan las casas turísticas.