El Gobierno de Canarias espera que la nueva ley de servicios sociales quede aprobada después del verano con la reapertura del curso político y así se pueda empezar a desplegar con los presupuestos autonómicos de 2019.
Así lo han expuesto a los periodistas el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, y la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido, a la salida de una reunión con más de una veintena de colectivos sociales de las islas.
El presidente ha comentado que la aprobación de la ley "es un reto", y además, antes del 31 de octubre, día que en las cuentas autonómicas se registran en el Parlamento. "Hay que tenerla cuanto antes para que tenga reflejo presupuestario", ha agregado.
Clavijo ha dicho que en paralelo a la tramitación parlamentaria, desde el Gobierno ya se trabaja en la elaboración de los reglamentos para empezar a "solucionar graves problemas de los últimos años", derivados de que la actual ley data de 1984.
En esa línea, ha comentado que con las leyes de contratos y subvenciones, las asociaciones del tercer sector se encuentran en "dificultades" para trabajar con subvenciones año a año, lo que les daba "inseguridad y restaba calidad al servicio", pues incluso genera "precariedad laboral" en las ONG porque no pueden dar continuidad a los puestos de trabajo.
El presidente ha comentado que la ley es "un antes y un después" porque "se reconoce" un derecho al ciudadano, "se define" el espacio sociosanitario y se "abre puertas" a la firma de conciertos y convenios plurianuales con las ONG.
Ha admitido que va a haber un "aumento presupuestario" debido a la nueva cartera de servicios, y el objetivo es ir "adecuando" el precio a los costes en tres o cuatro años, dejando claro que hay que "ser honestos y no asumir compromisos de difícil ejecución".
Valido, por su parte, ha comentado que la reunión ha servido para aclarar a los colectivos como va la tramitación de la ley ya que algunos siempre trasladan alguna "preocupación" porque haya modificaciones en la Cámara.
La consejera ha comentado que se ha pasado una década "muy dura" donde muchas ONG han tenido los precios los servicios "congelados", y cree que es el momento, a través de la ley, de actualizar los precios al coste real, lo que permitirá dar "más calidad" y que haya "más estabilidad y tranquilidad" en los trabajadores.
En el encuentro participaron representantes de Factoría Social, Asociación de Mayores San Luis Gonzaga, AFES Salud Mental, ATELSAM Tenerife, Coordinadora de Personas con Discapacidad Física Personal de Canarias, CESICA Proyecto Hombre, Down Tenerife Trisómicos XXI, Asociación Pequeño Valiente, Federación de Personas Sordas de Canarias, APANATE, Federación de Plataformas de ONG''s de Voluntariado de Tenerife, Federación de Asociaciones de Mujeres Arena y Laurisilva, Asociación de Mujeres Gara, Fundación Canónica Casa de Acogida Madre del Redentor, Provivienda, Orden Hospitalaria San Juan de Dios Tenerife, Confederación de Centros Juveniles Don Bosco de España, Hogar San Miguel, Amaranta Exterma Exclusión Social Mujer, y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Dependencia Alzheimer y otras demencias ACUFADE.