Hace menos de un año que David Pérez-Dionis asumió la Viceconsejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Este inspector de Educación inició la legislatura como director general de Personal, pero en agosto del año pasado sustituyó a Juan Manuel Santana, que pasó a ocuparse de las Relaciones con el Parlamento. Durante su primer año se ha enfrentado a la primera macrooposición en educación después de años en los que apenas se han convocado plazas públicas y se ha incrementado significativamente el porcentaje de interinidad en el sistema.
Además del reto de estabilizar plantillas, Pérez-Dionis ha llegado a un área que ha sentido mucho la crisis y que aún no se ha recuperado. Las carencias en infraestructuras son una de las quejas más recurrentes. A su juicio, la mejora del sistema pasa por la financiación autonómica. Así, reconoce que es complicado cumplir con la Ley Canaria de Educación. "Hacemos todo lo posible, pero es difícil; veremos si lo cumplimos o no".
El abandono escolar temprano ha bajado de manera extraordinaria en Canarias en los años de crisis, igual que en el resto de España. A nivel nacional ya se observa que la recuperación económica viene acompañada de un repunte de este indicador. ¿Va a ocurrir lo mismo en Canarias cuando tengamos datos desagregados por comunidades?
El abandono y el absentismo del alumnado siempre han sido asuntos prioritarios para nosotros y hemos intentado que las medidas que hemos puesto en marcha para reforzar los aspectos más vulnerables de la educación tuvieran muy en cuenta estas circunstancias. Es verdad que en los últimos años hemos visto que las cifras son más favorables y eso es positivo, pero estamos muy atentos a si eso -no sé si por la recuperación económica- cambia, para lograr que esas cifras se mantengan y no empiecen a subir. El rendimiento, el absentismo y el abandono en educación están muy vinculados a la realidad social del alumno. Por eso, hemos impulsado programas como Impulsa o Tránsito, pero todavía tenemos que esperar un poco para que den su fruto.
La Consejería anunció un decreto de absentismo hace más de un año. ¿Cuándo saldrá?
En breve. Somos conscientes de que tenemos que poner en marcha un sistema que controle y prevenga el absentismo cuando estamos todavía a tiempo de evitar que esas faltas injustificadas a clase terminen en casos de abandono escolar. Gracias a la nueva regulación vamos a tener un marco normativo más sólido que nos permita reforzar la coordinación con otras administraciones y agentes implicados, como ayuntamientos o trabajadores sociales. No obstante, ya hemos implementado otras medidas, como poner educadores sociales en algunos centros. Hay que atender a los alumnos más frágiles y los educadores sociales pueden incidir en todas aquellas cuestiones de la vida familiar que puedan tener incidencia en la educación. Pero además de llegar a los alumnos con más dificultades, también tenemos la pretensión de llegar a todos: queremos que haya un acompañamiento generalizado del alumnado.
¿Cuál es el grado de absentismo en Canarias?
En Educación Infantil es del 1,52%; en Primaria del 1,42% y, ya en Secundaria, del 4,64%.
Hace unos meses el Gobierno publicó los escenarios plurianuales en el Boletín Oficial de Canarias hasta 2021. Ese año se prevé que la inversión en educación en función del PIB no llegue al 4%, cuando en 2022, según la ley canaria, debe ser el 5%. ¿No se va a cumplir la ley?
La Ley Canaria de Educación prevé que la inversión sea del 5% en 2022 y siempre decimos lo mismo: estamos en esa línea. Hemos incrementado la inversión en educación y nos gustaría llegar en 2022 al 5%. Estamos trabajando para eso, pero es un objetivo gradual. Lo que tenemos que analizar son las cuestiones en las que hemos incrementado ya nuestro presupuesto: en dotación para los centros, en mejora de infraestructuras y equipamiento, en mejora de recursos tecnológicos y en mejoras para el profesorado -hemos destinado 20 millones para abonar los sexenios, que a su vez seguirán produciendo un aumento presupuestario hasta 2022-. Hemos mejorado el presupuesto de educación estos años.
Sí. El último incremento fue el mayor en muchos años. Más de 100 millones, pero el problema es que con respecto al PIB no mejora la inversión en educación. Y así va a ser difícil cumplir con la ley.
Para ver si cumplimos con la ley canaria habrá que esperar a 2022, que es el momento que nos dice la ley que debemos llegar al 5%. Estamos haciendo todo lo posible por conseguirlo, veremos si lo logramos o no. Sabíamos de entrada que era difícil. Y dijimos cuando empezamos la legislatura que trabajaríamos en esa línea pero sabiendo que era difícil.
El Gobierno ha dicho que está a la espera del Estado para regular la educación de cero a tres años. Hay comunidades que ya ofertan un numero de plazas considerable, mientras que el Archipiélago está a la cola. ¿Por qué no puede Canarias iniciar ese camino ya?
Lo que le hemos pedido al Estado es que contemple la educación de cero a tres años en la financiación autonómica. Hemos definido los criterios y los currículos sobre esta etapa y pensamos que lo que tiene que pasar ahora es que haya un reflejo en la financiación autonómica. Es una medida que defendemos desde el primer momento, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la conciliación de la vida familiar. Además, esta contemplado en la ley. Nos gustaría acometerlo de manera generalizada en Canarias, pero pensamos que debe haber ese reflejo en la financiación autonómica para hacerlo posible.
Hay centros educativos que se planearon hace décadas -estaban incluidos en los planes sur- y no se han construido aún. ¿Cuáles son las necesidades actuales de infraestructuras de estas zonas?
Estamos haciendo un gran avance en mejora de infraestructuras en todo el sistema, tanto en centros de nueva creación que ya están haciéndose o en previsión de iniciarse, como en la remodelación de centros. Nos hemos encontrado muchas necesidades en ese capítulo. Por eso, en esta legislatura hemos impulsado 21 centros de nueva creación y hemos hecho mucha obra de acondicionamiento en centros antiguos. Pero esto debe tener un reflejo en la financiación autonómica. Ahora mismo estamos a expensas de los presupuestos del Estado para que, por fin, podamos recuperar los 42 millones del Plan de Infraestructuras Educativas de Canarias (PIEC).
La consejera ha cifrado en 500 millones las necesidades de inversión en infraestructuras en Canarias en los próximos 10 años. ¿Dónde están localizadas las mayores necesidades de infraestructuras ahora mismo?
Las islas mas necesitadas suelen ser Gran Canaria, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura?.
¿No hay riesgo de que no llegue el PIEC?
El problema es que llega tarde y es más difícil ejecutarlo en tiempo. Es innegable que no es lo mismo tener los presupuestos aprobados a principios de año que casi a finales.
¿Cuáles son las previsiones de matrícula y de plantilla para el próximo curso?
En general seguimos percibiendo un descenso de los niveles inferiores, aunque está más estabilizada la perdida de matrículas en Infantil y en los primeros cursos de Primaria.
¿Habrá incremento de plantilla docente este curso?
El año pasado hicimos un aumento de plantilla importante y lo que hemos intentado este año es que se mantenga en contraposición al descenso de grupos. Es decir, que el descenso de grupos no signifique disminución de plantilla. Los docentes que se perderían no se irán y habrá mejor ratio alumno profesor, lo que mejorará la convivencia en los centros.
¿El acoso escolar es un problema en las aulas canarias?
Por fortuna, el número de casos no es muy significativo. Pero siempre hacemos la misma reflexión: aunque los datos no sean significativos, tenemos que poner las medidas necesarias para que estos casos no sucedan. Y luego, ante cualquier caso, tenemos que actuar con contundencia. Estamos revisando nuestras normas de convivencia a ver si podemos mejorarlas en algún aspecto.
La Consejería se comprometió a dar asistencia jurídica y psicológica al profesorado agredido. ¿Cuándo estará el servicio?
Estamos a punto de sacar la orden que regula la atención a los docentes en caso de agresión. Ya podemos decir que el próximo curso los docentes dispondrán de este servicio cuando en el desarrollo de sus funciones puedan ser víctimas de alguna agresión.
¿Tienen prevista alguna medida más para prevenir la violencia machista en los centros escolares?
Tenemos un plan de igualdad que insiste mucho en la parte preventiva. Hay que educar a los niños desde edades tempranas en todos estos aspectos para que exista conciencia social. Para ello, tenemos profesores que llamamos agentes de igualdad que están ubicados en los centros de profesorado y, a partir de ahí, trabajan de manera zonal.
¿Será posible para la Consejería cumplir con la demanda de los sindicatos de volver a las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria?
Cuando se planteó este asunto a principios de la legislatura nos pareció una demanda lógica y necesaria. Lógica, porque fue una medida del contención del gasto que se aprobó en un momento determinado de la crisis; necesaria, porque es interesante que se recuperen esas horas para que los docentes puedan dedicarlas a a coordinaciones o preparaciones de clases. No hay que olvidar que el horario que tienen los docentes no es solo el de dar clases, sino que hay parte de su jornada laboral, como todos los trabajadores, que no es presencial. Además de las horas de docencia o de guardias, hay otras para la preparación de las clases. Al final van a trabajar las mismas horas. Pero es una medida que estableció el Estado en 2012, vía real decreto, y entendemos que debe derogarse para que los profesores puedan recuperar esas horas. Y si el Estado decidió en su día implantar esa medida para contener el gasto, ahora que la recuperación económica te permite volver atrás también esperamos que eso tenga un reflejo en la financiación autonómica.
Con respecto a la formación superior, ¿están las universidades asumiendo las indicaciones del Gobierno en cuanto a adaptación de la oferta y mejora de determinados indicadores?
En eso estamos. Cuando se establece el marco de financiación se establece ese procedimiento de mejora para dar respuesta a las necesidades. Hemos creado comisiones de trabajo para ir trabajando en estos retos. Acabamos de crear una comisión para mejorar el tránsito entre Secundaria y la Universidad o Formación Profesional. También nos estamos reuniendo con las facultades de educación de las dos universidades públicas para poder establecer cuestiones conjuntas que mejoren luego el sistema.
¿Por ejemplo?
En Educación pedimos que haya una mejor adecuación de los grados a las especialidades docentes. Porque hay alumnos de las universidades que luego son profesores en nuestro sistema y tenemos algunas necesidades, como la formación en idiomas o de otro tipo. También estamos intentando mejorar el sistema de prácticas que hacen los alumnos en los centros educativos.
¿Son partidarios de una prueba única de acceso a la universidad en todo el territorio español?
Plantear eso es muy difícil porque los propios estudios de Bachillerato tienen un porcentaje alto de contenidos que puede establecer cada comunidad. Con lo cual no es lógico pretender una desvinculación entre la EBAU y lo que los alumnos han estudiado en Bachillerato solo por querer homogeneizar una prueba que tampoco tenemos la certeza de que vaya a ser más favorable... Yo creo que es hacer un análisis simple...
¿Y qué conclusión podemos sacar de los datos que dicen que los canarios son los que mejores resultados sacan en la EBAU y los que peores resultados académicos tienen en la Universidad?
Creo que son dos cosas que están vinculadas, pero no son necesariamente lo mismo. Estamos hablando de una prueba en la que se examina a los alumnos sobre contenidos que han cursado en los años de Bachillerato y luego del rendimiento en las universidades. Un alumno que ha sacado un buen resultado en la EBAU no significa que vaya luego a tener éxito garantizado en la universidad. Creo que hay que mejorar las condiciones en las que se imparten las clases en la universidad, los indicadores de calidad. No compartimos para nada el análisis de Castilla y León; no podemos pensar que los resultados en otras evaluaciones indiquen que la prueba no se está haciendo con la solvencia necesaria? Nos felicitamos y felicitamos a los alumnos por los excelentes resultados que tienen en Canarias.
La interinidad se reducirá al 20% en Secundaria
La celebración de la oferta de empleo público hace unos días permitirá reducir hasta el 20% el nivel de interinidad en Educación Secundaria. La Consejería convocó 1.160 plazas en 33 especialidades. La cifra correspondió solo a la tasa de estabilización pactada este año a nivel estatal entre los sindicatos y el Ministerio de Hacienda. La tasa de reposición -cubrir bajas por fallecimiento o jubilación- no se pudo ofertar por el retraso en los Presupuestos Generales del Estado. Educación quiere negociar con el Ministerio otra fórmula para que en próximas convocatorias no suceda esto. El año pasado la Consejería no pudo sacar oposiciones por ese motivo.
Quejas por la OPE
La amplitud de la oferta de oposiciones y la tramitación exclusivamente "on line" han generado numerosas quejas por parte de los sindicatos. El viceconsejero admite que sabían que iba a ser "difícil" organizar una convocatoria con 13.000 solicitudes y 10.000 aspirantes. A ello se unen otras complicaciones por la sede electrónica: "No la controlamos nosotros directamente, sino el Ministerio de Hacienda". No obstante, Pérez-Dionis insiste en que al revisar los procedimientos constataron que "la mayoría de los errores no tuvo que ver con la sede", sino con la falta de documentación. "Es normal porque es la primera vez que se hace de manera telemática".