El Parlamento de Canarias acogió ayer otra sesión de la comisión creada para definir la nueva normativa de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de las Islas, que trata de convertir en rango de ley el decreto gubernamental de 2007 y abordar algunas cuestiones pendientes de este servicio. Mientras los distintos grupos políticos coinciden en que todas las islas no pueden quedarse sin estos establecimientos en caso de no ser rentables o interesar a las empresas concesionarias, sobre todo en las islas menores de El Hierro, La Gomera y La Palma, las grandes divergencias se dan en cómo regular esta actividad en las islas capitalinas y, principalmente, el concepto de libertad empresarial en este caso.
La primera de las disyuntivas se resolverá con una enmienda común que hará que el Gobierno canario asuma las estaciones de las islas menores que dejen de interesar a las empresas concesionarias (un primer vencimiento del concurso se dará en 2019 y el del otro grupo, en 2025). En ese caso, el Ejecutivo podrá rescatar la concesión y permitir que la lleve otra compañía interesada o, de no haber ninguna, garantizar el servicio para no perjudicar a ningún isleño.
Lo que se intenta, según subrayaron ayer a EL DÍA los diputados Socorro Beato (CC) y Gustavo Matos (PSOE), es que las islas donde resulta más difícil la rentabilidad económica de este servicio lo mantengan en aras de la igualdad. Para ello, el Gobierno se hará cargo de la prestación si ninguna compañía privada se responsabiliza.
En donde hay más discrepancia es en cómo regular la apertura de ITV en donde sí hay interés. Ante esto, CC, PP y ASG coinciden en que opere las reglas del libre mercado y que las empresas puedan abrir una estación donde lo crea oportuno. Según Beato, tratan de evitar que se produzca en Canarias denuncias y sentencias del Constitucional como las que se han dado en regiones como Cataluña por un exceso de regulación que obstaculizaba la libre competencia y libertad de las distintas empresas.
Eso sí, la representante de CC recalca que no se oponen a que haya una ITV por comarca o zona, lectura que contrasta con la de Matos. Para el socialista, lo ideal es que se garantice una zonificación que haga que ningún área de las islas grandes se quede sin estación. Beato no comparte el número máximo y mínimo que sí defiende el PSOE, mientras que este partido, Podemos y NC consideran que no solo se debe asegurar que cada comarca queda abastecida del comercio, sino impedir que no haya una concentración en una misma comarca o que un eventual exceso pueda perjudicar las condiciones laborales de los trabajadores.
Garantizar los puestos y derechos de los empleos
Aparte de que ninguna isla menor se quede sin ITV porque las leyes del libre mercado no lo hacen rentable, los grupos parlamentarios coinciden también en que, con la ley que regulará esta actividad en el Archipiélago, se debe garantizar los actuales puestos de trabajo de las distintas estaciones y los derechos laborales. Así lo intentarán trasladar al texto con enmiendas, si bien se dan lecturas diferentes sobre hasta qué punto eso es factible si, al mismo tiempo, se da libertad total a las empresas para implantarse.