De enero a mayo de 2018, se han incorporado al Sistema Canario de Atención a la Dependencia 1.903 personas. Este registro de altas pone de manifiesto, según la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, la "evolución positiva en cuanto a incorporación de personas dependientes al Sistema".

De esta manera, el número de altas se ha duplicado respecto a las que se registraron en los cinco primeros meses de 2016 (973), que ya habían aumentado también en 2017, hasta llegar a los 1.239. "Estos datos avalan el trabajo constante que está llevando a cabo la Consejería en la atención de personas dependientes en Canarias", indicó la consejera.

Valido hizo hincapié en que, sumando las altas de reconocimiento de prestaciones registradas desde 2016 hasta mayo de 2018, se cuenta con "un total de 10.846 nuevas altas de resoluciones de reconocimientos de prestación, según certificaciones del propio Imserso". Según la consejería, este número conseguido en tres años de trabajo "es más del 50% de lo que se hizo durante los 8 años anteriores a la vigencia de la ley", y afirmó que es "más que evidente que ha habido una mejoría y muchos avances" en la gestión de la Dependencia en el Archipiélago. Valido, no obstante, es consciente de que aún "queda mucho para resolver la situación precaria de la que partíamos".

La consejera también anunció que su área continúa "avanzando para acelerar los protocolos". De esta manera explicó que se está "construyendo" un nuevo sistema en el que participan Cabildos y Ayuntamientos, "empezando por crear una dirección general que nació dividiendo otra ya muy justa, sin estructura ni unidad económica".

Valido remarcó que, aunque el proceso "es tedioso de cara al administrado", la consejería de la que es titular avanza "por una senda firme que ya está teniendo resultados y que a medio plazo significará una diferencia notable respecto a periodos anteriores".

las claves

Evolución positiva. El registro de altas de estos primeros meses pone de manifiesto, según Cristina Valido, "una evolución positiva en cuanto a incorporación de personas dependientes".

En 3 años, más del 50%. La consejera de Políticas Sociales argumenta que las 10.846 altas registradas en los últimos 3 años, es más del 50% de lo que se hizo en los 8 años anteriores a la vigencia de la ley.

Aún queda que resolver. Cristina Valido es consciente de que aún "queda mucho para resolver la situación precaria" de la que se partía.

Acelerar los protocolos. El área está "avanzando para acelerar los protocolos", construyendo un nuevo sistema que cuente con los cabildos y ayuntamientos y creando una dirección general.

Para la consejera de Políticas Sociales, este esfuerzo también se ha visto traducido en el incremento en cuanto a la financiación al Sistema de Atención a la Dependencia en Canarias. De hecho, para el ejercicio 2018, se destinarán a estos convenios un global de 152.848.946,52 euros, sumando la aportación del Gobierno de Canarias y de los siete Cabildos insulares, lo que supone un incremento en la aportación global con respecto a 2017 de más de 20,2 millones de euros y de más de 32 millones de euros con respecto a 2016.

En cuanto a la financiación, Valido recordó que el Gobierno de Canarias aprobó en el último Consejo, celebrado el 2 de julio, el gasto plurianual para el período 2018-2021 de los convenios para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y discapacidad, por un importe que asciende a un total, para los cuatro años, de 448.344.420 euros por parte del Gobierno, a lo que hay que sumar la aportación de los Cabildos insulares.

Para Valido, esta financiación plurianual garantiza la estabilidad de cada institución insular en cuanto a la contratación del personal y la prestación de servicios en los distintos recursos.

Esta inversión permitirá financiar este año un total de 10.670 plazas, 5.473 tienen carácter residencial y 5.197 son de estancia diurna. Por sectores, la atención de personas mayores dispondrá de 5.054 plazas y 5.616 plazas serán para la atención de personas con discapacidad. Asimismo, se financian 420.900 horas para la atención especializada en domicilio y promoción de la autonomía personal.