La plataforma ''Change.org'' ha recogido en dos días algo más de 2.100 firmas de apoyo para reclamar un sistema "más justo y ecuánime" en las pruebas de oposiciones al cuerpo de profesores de Secundaria en Canarias.
Con un elevado nivel de ''no aptos'' en la primera fase, los proponentes de la iniciativa critican las "vejaciones y obstáculos" que han sufrido, como los problemas con la inscripción telemática y el número de excluidos, un sistema de ingreso que les "arrebata la dignidad" como demandantes de empleo público.
"No solo la dignidad, sino también la oportunidad de alcanzar la meta de todo docente o aspirante, que le permitan dar clases con unas condiciones laborales estables", indican.
Así, aseguran que el sistema es "ineficiente", con unas pruebas de acceso "de por sí obsoletas" si se tiene en cuenta el modelo de docente por el que abogan las pedagogías contemporáneas de la actual Sociedad de la Información.
"Es decir, pruebas basadas en la memorización de temarios publicados hace lustros, que en muchos casos exceden, muy por encima los conocimientos necesarios para impartir docencia en Secundaria, y pruebas prácticas o supuestos prácticos cuyos enunciados rozan lo enigmático, complicándonos la realización de los mismos por la escasez de tiempo para la realización", destacan.
En la reciente convocatoria, detallan, tuvieron que resolver ambas pruebas --antes independientes-- en cuatro horas y media de examen, dándose casos en concreto como la especialidad de ''Dibujo'' donde se unió la prueba de Dibujo técnico con el tema a desarrollar, "sin poder tener un descanso de por medio, y en unas infames condiciones de comodidad".
En ese sentido, sostienen que ha habido un "concurso opaco y falto de rigurosidad" en las calificaciones, donde se ha aplicado un "estricto y altísimo rasero" que queda reflejado en el escaso número de aprobados y la "extraña sincronicidad" de esos números entre los tribunales, aparte de que la mayoría de las reclamaciones han sido desestimadas.
Este proceso de reclamaciones no ha sido presencial, sin poder atender a la valoración del examen en cuestión y en detalle, tan solo solicitarlas vía formal escrita y resueltas o desestimadas a puerta cerrada, indican.
"HUELE A SUCIO"
Tildan el proceso de "escabechina o masacre" en toda España, con resultados que parece, "pudieran formar parte de una estrategia, por parte de las administraciones y consejerías de las Comunidades Autónomas, para ajustar los resultados a unas necesidades de las administraciones, en directa relación con las plazas ofertadas".
En su opinión, se trata de una "convocatoria irrespetuosa e indigna", tanto desde la "complicidad" en las negociaciones de la mayoría de los sindicatos como al número de plazas a convocar, fechas y condiciones de las pruebas y la aplicación de los baremos y criterios de calificación. "Huele a sucio", apostillan.
Asimismo, ven un "negocio" que se paguen 70 euros por la inscripción, ya que parece "una sutil estrategia de financiación a base de imponer tasas a los solicitantes de empleo público".