El Ministerio de Turismo y las comunidades autónomas volvieron a reunirse ayer en el seno de la Conferencia Sectorial, tres años y dos meses después de la última convocatoria de este órgano, en un encuentro que resultó, según el consejero canario del área, Isaac Castellano, "un punto de inicio" para impulsar distintas actuaciones en el sector, entre ellas la recuperación del Plan de Infraestructuras Turísticas. El Gobierno del PP canceló en 2012 de forma unilateral esta iniciativa, que reportaba 50 millones anuales a Canarias para la mejora de sus espacios públicos turísticos que ahora serían "fundamentales" para la sostenibilidad de la primera industria del Archipiélago.
Castellano recalcó, a la salida del encuentro, que el Gobierno regional planteará al Ejecutivo central la "exigencia" de que los próximos presupuestos generales del Estado contemplen la recuperación de este instrumento, tras los 15 millones que recogen las cuentas de 2018. "Para garantizar la competitividad del turismo es fundamental la renovación y actualización de nuestros espacios públicos turísticos", señaló el consejero, que también destacó la necesidad de estos recursos para favorecer la "sostenibilidad del destino".
La reunión sirvió también para que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, anunciara la intención del Gobierno de promover "soluciones coordinadas" para el fenómeno del alquiler vacacional, que, apuntó el consejero canario, aporta tanto "múltiples posibilidades" para diversificar las rentas del turismo como un conjunto de "riesgos". A juicio de Castellano, la "transversalidad" de esta actividad aconseja la participación de todas las administraciones públicas. En este sentido, el representante del Archipiélago insistió en plantear la conveniencia de "reformular" la Ley de Propiedad Horizontal para que la decisión de rechazar la presencia de viviendas turísticas en una comunidad de propietarios no deba ser tomada necesariamente por unanimidad.
El alquiler vacacional será abordado en el seno de una mesa específica que se reunirá en septiembre con el objetivo de acordar una única definición exacta de vivienda de uso turístico, y de esta manera dotar de una mayor seguridad jurídica a las diferentes normativas autonómicas, explicó Maroto en declaraciones recogidas por Efe.
En esta nueva convocatoria, la ministra aseguró que esa definición estará ultimada para que se revisen también todas las normas que pueden afectar a este tipo de viviendas en las que sí tiene competencias el Gobierno, y citó la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y la Ley de Propiedad Horizontal.
El Gobierno anunció recientemente su intención de excluir la vivienda turística de la ley de arrendamientos de temporada para "ajustar" de este modo una mejor definición.