La Comisión Constitucional del Congreso aprobó ayer la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma de Canarias con intención de elevarla al Pleno de la Cámara en septiembre para que la remita al Senado y prosiga allí su tramitación.

El texto salió adelante con los votos a favor de PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos.

Esta reforma llegó al Congreso en abril en 2015, pero quedó varada por las sucesivas convocatorias electorales y el Pleno no debatió su toma en consideración hasta diciembre de 2016.

Después, durante casi un año se fueron prorrogando sucesivamente los plazos para la presentación de enmiendas, que finalmente se registraron en noviembre de 2017.

La ponencia encargada de discutir las aportaciones de los grupos acabó su trabajo el pasado 28 de junio y ayer, tres años y tres meses después de que el texto arribara al Congreso, la Comisión Constitucional aprobó la reforma, una decisión que deberá luego ser ratificada por el Pleno, ya en el nuevo periodo de sesiones tras el paréntesis estival.

Este es el segundo intento de reforma del Estatuto de autonomía que hace el Parlamento, que ya remitió un texto al Congreso hace casi doce años, pero que no culminó su tramitación por falta de consenso.

El proyecto de nuevo Estatuto fue aprobado en Canarias por el PSOE y Coalición Canaria, pero recibió el voto en contra del PP, mientras que Nueva Canarias se abstuvo. Sin embargo, tras el acuerdo entre los populares y CC para la investidura de Mariano Rajoy, el PP apoyó su tramitación en la Cámara Baja.

Finalmente ayer la Comisión Constitucional aprobó el dictamen con los votos de PP, PSOE, Coalición Canaria y Nueva Canarias y la abstención de Unidos Podemos y Ciudadanos, y no hubo ningún voto en contra.

Una de las principales novedades del texto estatutario es que blinda el Régimen Económico y Fiscal (REF) desvinculando los recursos fiscales de la financiación autonómica y la otra es el sistema electoral, que ha sido el punto de mayor conflicto durante la discusión del texto. De hecho, este fue uno de los asuntos que se volvió a votar ayer.

La ponencia encargada de la reforma concluyó su trabajo con la introducción de una novedad en la disposición transitoria que regula el sistema electoral y que establece que el Parlamento regional deberá elaborar su propia ley electoral en el plazo de tres años. En el caso de que en ese plazo no se alcance un acuerdo en el Parlamento de Canarias, la disposición transitoria será la que rija el sistema electoral del Archipiélago.

Esta disposición incluye el preacuerdo alcanzado en Canarias entre el PP, el PSOE, Podemos y Nueva Canarias de aumentar el número de diputados de 60 a 70 -uno más para Fuerteventura y nueve que saldrán de una lista regional-, así como reducir los topes electorales del 30 al 15 por ciento en la circunscripción insular, y del 6 al 4 por ciento en el conjunto del archipiélago.

Además, el estatuto fija una horquilla de un mínimo de 50 diputados y un máximo de 75, aspecto que deberá tener en cuenta la próxima ley electoral que salga del Parlamento autonómico.

El PP, el PSOE y Nueva Canarias (NC) también votaron a favor, Ciudadanos se abstuvo porque consideró que la cifra de 60 diputados es suficiente, pero no quiso "obstaculizar". Por su parte, Coalición Canaria votó en contra, igual que hizo ayer junto al PNV.

Su diputada, Ana Oramas, mostró su "alegría" por el hecho de que, 36 años después de iniciar su autogobierno, el Archipiélago suba por fin "el último peldaño" y sea reconocido "dentro del Estado como una comunidad de máximo nivel", pero volvió a mostrar su oposición a la disposición sobre el sistema electoral: "No compartimos que en Madrid se decida la composición del Parlamento canario, no entendemos el atajo elegido para aprobar en Madrid esta ley fundamental", se quejó.

Coalición Canaria está a favor de la rebaja de los topes electorales y de la creación de una lista regional, pero era más partidaria de la propuesta inicial remitida desde el Parlamento autonómico que mantenía los 60 diputados, pero reducía los topes electorales al 15 y 3%, respectivamente.

En nombre de Nueva Canarias, Pedro Quevedo replicó a Oramas que este asunto "se ha resuelto donde se tenía que resolver" porque ha quedado claro que en las islas no existía la "voluntad política" que se requería para hacerlo allí.