El nuevo decreto de seguridad en playas y zonas de baño recientemente aprobado por el Gobierno regional entró ayer en vigor tras su publicación ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). La norma contempla un plazo de entre 1 y 4 años para que los ayuntamientos, que son las administraciones competentes en esta materia, adopten las medidas de obligado cumplimiento.

En concreto, la nueva norma da un plazo de un año a los consistorios para redactar los planes de seguridad y salvamento de los que necesariamente deberán disponer todas las playas que, conforme a los criterios establecidos en el propio decreto, habrán de contar con un grado de protección medio o alto en función de su nivel de peligrosidad. En cuanto a las medidas contenidas en los planes, los municipios tendrán un plazo de cuatro años -hasta agosto de 2022- para ponerlas en marcha.

El decreto clasifica las playas como libres, peligrosas o de uso prohibido. En las peligrosas o libres se determinará el grado de protección para cada una de las temporadas de afluencia, que podrá ser bajo, moderado o alto. Dicho grado de protección será el resultado de combinar el criterio de la afluencia de personas con el riesgo intrínseco de la playa, según los parámetros establecidos en el propio decreto. Si es moderado o alto, la playa deberá contar con el correspondiente plan de seguridad y salvamento elaborado por el ayuntamiento, detalló la Consejería de Política Territorial en un comunicado.

Además, el texto establece la creación del Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas de Canarias como instrumento al servicio de las diferentes administraciones públicas y de la ciudadanía. Este documento permitirá conocer los diferentes tipos de playas y otras zonas de baño marítimas conforme a su clasificación, sus características físicas, los grados de protección por temporadas, en su caso, y los extremos relativos a la seguridad que sean relevantes para una eficaz intervención y coordinación ante emergencias ordinarias y de Protección Civil. Solo Baleares cuenta con una norma de similares características.

Las medidas del decreto llevan aparejada la financiación dentro del Fondo Canario de Financiación Municipal, que se incrementa este año en 30 millones de euros para competencias municipales que son de interés general para la Comunidad autónoma, entre ellas la seguridad en las playas.

las claves

Grados de peligrosidad. El decreto que entró ayer en vigor clasifica las playas en función de su peligrosidad: las hay libres, peligrosas o de uso prohibido.

Catálogo. El texto normativo establece la creación del Catálogo General de Playas y otras Zonas de Baño Marítimas, un instrumento con el que hasta ahora solo cuenta Baleares.

Financiación. Las medidas previstas serán sufragadas con el Fondo Canario de Financiación Municipal.