La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha mantenido un encuentro con los responsables de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el Archipiélago con objeto de planificar las actuaciones que se desarrollarán el próximo año para controlar el fraude en la contratación y la prevención de riesgos laborales entre otros. Los resultados de la actuación inspectora a lo largo del primer semestre de este año han permitido mejorar la situación de 7.294 personas que o no tenían contrato, o era fraudulento y no se correspondía con la realidad.

La consejera se congratula de estos resultados, "que solo en seis meses han redundado en la mejora de las condiciones laborales de más de 7.000 personas que estaban desempeñando su trabajo en situación irregular".

"Nuestra intención es seguir vigilando este tipo de fraudes, sobre todo la economía sumergida, que supone un agravio a los derechos laborales de muchas personas que al no estar dadas de alta en la Seguridad Social o no cotizar por el tiempo real que trabajan no pueden disfrutar de las pensiones que les corresponden o de las ayudas por desempleo si dejan de trabajar", explica Valido en un comunicado. "

Además -prosigue-, la irregularidad laboral incide directamente en la incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales".

La actuación de la Inspección durante el primer semestre ha permitido realizar 6.500 visitas a centros de trabajo y 14.454 órdenes de servicio. Por materias, 2.462 han sido órdenes sobre seguridad y salud, 2.833 de relaciones laborales, 515 en materia de empleo, 20 de extranjeros, 6.846 en cuanto a economía sumergida e irregular y 689 fueron otras actuaciones.

De los 2.289 empleos aflorados, 1.187 no tenían alta en la Seguridad Social, 493 fueron altas de oficio, 45 eran extranjeros trabajando sin permiso de trabajo y 564 fueron incrementos de tiempo de trabajo superiores al 50%.

Casi 3.500 quinientas personas desempleadas en Canarias podrán acogerse al Programa de Activación para el Empleo, según el real decreto aprobado por el Gobierno central.

El objetivo de esta norma -informó ayer la Delegación del Gobierno en Canarias- es evitar que alrededor de casi 42.000 personas de todo el país queden "desprotegidas y sin las ayudas económicas", según se señala en el Boletín Oficial del Estado (BOE), por no poder reincorporarse al programa una vez finalizada su prórroga en abril.

Se trata de personas que han agotado todo tipo de ayudas y que acreditan responsabilidades familiares a su cargo, por lo que se persigue evitar que queden definitivamente desprotegidas.