Intersindical Canaria ha demandado de los poderes públicos que promuevan denuncias ante la Fiscalía por delito social de la patronal hacia los trabajadores, habida cuenta el elevado fraude empresarial hacia los trabajadores canarios, reconocido ahora "implícitamente" por el Gobierno canario y el Ejecutivo español.
El sindicato ha señalado en una nota que esta situación aconseja pasar a medidas "más drásticas" para acabar con esta "lacra ya endémica" en Canarias, lo que conlleva, además de las sanciones económicas al empresario infractor, la imposición de penas de entre seis meses y seis años de prisión prevista en el actual Código Penal. Esta medida tendría además un efecto globalmente ejemplarizante, añade.
Según IC, "no es socialmente tolerable que durante 2016 los delitos laborales contra los trabajadores detectados en las escasas intervenciones inspectoras realizadas aumentasen en cerca de un 6%; tampoco que en el primer semestre de 2018, sólo con un ligero incremento de la exigua plantilla disponibles de inspectores laborales, se hayan detectado 7.000 casos de contrataciones irregulares de trabajadores". También critica que, frente a Baleares, Canarias le supere en cerca del triple de fraude empresarial.
Sin haber podido acceder a los detalles de los "herméticos" datos anunciados por la Consejería de Empleo, Intersindical Canaria afirma que de las 6.550 inspecciones que dicen haberse realizado o de la cuantía de las sanciones que finalmente se han hecho efectivas, "las cifras facilitadas, aunque incompletas, ya dan idea de la verdadera extensión del gravísimo problema de la economía sumergida".
A todo ello suman "la correspondiente lesión de derechos básicos, principalmente en materia de prolongación de jornada laboral, ilegales devengos salariales, práctica de acoso y abuso, ausencia de medidas para la prevención de riesgos laborales o fraude en la cotización a la Seguridad Social.
Por ello, la organización sindical opina que los ejecutivos español y canario "deben abandonar su política complaciente y de paños calientes hacia este importante sector de clase empresarial asentada en Canarias que, aparte de su resistencia a mejorar salarios y crear empleo, reitera su incumplimiento de la legislación laboral básica".