El Gobierno de Canarias presentó ayer el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (Proac), objetivo recogido en la Ley de Pesca de Canarias de 2003, ya aprobado y que, según recalca la consejería que dirige Narvay Quintero, convierte a las Islas en el segundo territorio español con esta regulación en vigor, limitándose la producción al 10% del litoral y a 37.118 toneladas anuales.
El documento trata de regular un subsector que produjo el año pasado algo más de 7.810 toneladas de pescado fresco, lo que representa un 36,09% de la producción en el Archipiélago, frente al 63,91% de lo extraído por la flota pesquera local, según datos de los puntos de primera venta de las islas que hizo públicos Quintero. El consejero afirmó ayer que el paso dado representa "el cumplimiento de uno de los primeros compromisos adquiridos por este Gobierno".
Ese porcentaje supuso un valor de producción de unos 43 millones de euros (frente a los 31 millones de la pesca tradicional), el valor de producción más alto de los últimos años (29 millones en 2014; 34,02 en 2015; 41,48 en 2016; y 43 en 2017). Según los datos desvelados, las principales especies que se producen son la lubina (5,5 millones de kilos en 2017) y la dorada (2,3 millones).
Además de cumplir la Ley, los objetivos del documento pasan por generar un marco normativo para el desarrollo del subsector desde un punto de vista medio ambiental y económico como fórmula de diversificación del sector primario. Quintero agradece a los técnicos de la Consejería, así como al resto de las administraciones y profesionales del sector, su implicación "en la consecución de este documento, un texto vivo que habrá que seguir mejorando".