El comisionado contra la Pobreza y la Exclusión Social, Santiago Rodríguez Hernández, manifestó el martes que la futura Ley del Tercer Sector permitirá que las entidades de acción social cuenten con mayor respaldo económico y jurídico. Rodríguez aclaró que esta medida consiste en que las ONG que trabajan con personas desfavorecidas y excluidas socialmente puedan disponer de ayudas económicas plurianuales, por tres o cuatro años.

El comisionado indicó que, de esa manera, se garantizará el mantenimiento de proyectos, así como la estabilidad del personal de dichas organizaciones. Apuntó que se intentará evitar que algunos responsables de esas entidades puedan llegar a tener serias dificultades económicas e, incluso, poner en peligro su patrimonio para salvar los programas.

Así se planteó en el Consejo General de Servicios Sociales, que estuvo presidido por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno canario, Cristina Valido.

Santiago Rodríguez aseguró que la nueva legislación es un reconocimiento a las actividades del "sector civil" de la acción social, que, "en muchas ocasiones, ofrece la primera respuesta a las personas invisibles". El comisionado destaca la importancia de que se regule el papel que juegan estas organizaciones y reforzar la colaboración entre la administración y las ong.

En el Consejo General, dicho cargo expuso que la futura Ley también incluye la creación de un registro para estas entidades y la constitución de una Mesa para debatir los problemas fundamentales de ese ámbito.

Rodríguez indicó que, a partir de ahora, el proceso para la aprobación de la mencionada legislación se agilizará, aunque el actual documento también puede sufrir modificaciones sustanciales, en función de las aportaciones que puedan hacer los grupos en el Parlamento de Canarias. No obstante, el comisionado está convencido de que el debate político puede enriquecer el proyecto. Santiago Rodríguez expresó la importancia de que la referida normativa se apruebe antes de que acabe la presente legislatura, junto a la modificación de la Ley de Servicios Sociales. En general, varios de los asistentes destacaron el marco participativo en el que se ha configurado el texto actual, ya que diferentes colectivos han podido expresar sus ideas a favor o en contra de las directrices fundamentales. Así lo valoró la portavoz del Colegio de Trabajo Social de Las Palmas de Gran Canaria en el Consejo General.