El PP y Unidos por Gran Canaria han solicitado hoy al presidente del Cabildo que presente su dimisión por las irregularidades que se cometieron en la residencia de mayores de Agüimes mientras él fue alcalde, a lo que Antonio Morales (NC) ha respondido tachándoles de "carroñeros".

Entre esas irregularidades, los dos grupos de la oposición han citado la sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que condena al Ayuntamiento a devolver casi 30.000 euros a una usuaria de la residencia por el dinero que le cobró, cuando tenía cubierta toda su atención por una ayuda del Gobierno canario.

PP y Unidos también han criticado que se exigiera a usuarios sin recursos suficientes que avalaran con sus viviendas o propiedades el coste de su estancia en la residencia municipal, mediante contratos de renta vitalicia.

En el debate que se ha suscitado sobre este asunto en el pleno celebrado hoy por el Cabildo, Morales ha reiterado que lo ocurrido en este caso "es algo muy común", una diferencia de criterio entre "administrador y administrado" que resuelve un juzgado.

Además, ha alegado que los contratos de renta vitalicia inmobiliaria suscritos con algunos usuarios de la residencia sin recursos suficientes son "una herramienta perfectamente legal" que permitió que "varios de los usuarios pudieran permitirse una plaza".

Morales considera que la solicitud de dimisión que le plantean el PP y UxGC forma parte de "campañas difamatorias de poderes mediáticos y empresariales" a los que "no les gusta este gobierno insular y hacen por contaminar".

"Pero eso no nos va a hacer retroceder, porque estamos respondiendo a un mandato de ciudadanía para mejoras en la isla”, ha añadido el presidente del Cabildo, que acusa a algunos grupos de la oposición de comportarse en este asunto "como aves carroñeras".

Morales ha remarcado que la residencia de Agüimes "fue la primera municipal de Canarias", con un "servicio modelo que obedecían a la prioridad de garantizar universalidad de la asistencia".

Sin embargo, ha alegado, cuando cambió la ley y las subvenciones pasaron a ser nominativas a favor de cada usuario concreto, "el coste de esas plazas no podía asumirse por el Ayuntamiento, que sería así deficitario, ni por los otros usuarios, a los que les subiría sensiblemente el precio" del servicio.

Por ello se continuó con el cobro a los usuarios dependientes "obedeciendo los informes jurídicos y económicos", ha defendido, y por eso "se han producido discrepancias".

"En mi etapa como alcalde no hubo reclamaciones, ningún recurso por este tema", ha zanjado.

Por el PP, Carlos Ester ha calificado de "vergonzoso" que el Ayuntamiento de Agüimes pidiera a los usuarios de la residencia de mayores "su patrimonio en prenda para pagar el alojamiento", algo que demuestra " falta de humanidad" y constituye "un abuso sobre eslabón más débil, mayores y dependientes".

"Usted no puede estar ni un minuto más en las riendas de Gran Canaria", le ha dicho Ester a Morales, porque "ha intentado poner excusas y hacerlas ley, cuando se la ha saltado a la torera" creando "un sistema de copago entre los que podían y no podían pagar a su criterio".

El portavoz de CC, Fernando Bañolas, ha lamentado que "Morales no sea humilde en este asunto", ya que, a su juicio, "se han equivocado, existe una sentencia en contra y hay que devolver el dinero".

Para Bañolas, el sistema de pagos puesto al descubierto por esta sentencia explica "por qué a ellos (los gestores del Ayuntamiento de Agüimes) les casaban los números y a los demás no", porque "ingresaban 3.200 euros por plaza y la gestionaban a través de Mensajeros de la Paz por 1.000 euros, lo que significa que hay un dinero importante que se quedaba la residencia, supuestamente para la mejora".

El representante de UxGC, José Miguel Bravo de Laguna, ha criticado en especial el uso de contratos de renta vitalicia, porque "la administración tiene herramientas de gestión para garantizar los pagos (de los usuarios de la residencia) sin usar propiedades en prenda como un aval o garantía previa".

Con ese tipo de contratos, ha añadido, se ha provocado que este problema "afecte no solo a los usuarios de la residencia sino a los herederos", los que es “una barbaridad”.

El portavoz de Podemos, Miguel Montero, ha opinado que las "ilegalidades del Ayuntamiento de Agüimes" revelan que Morales "es un mentiroso o está mal aconsejado", ya que "le quitaban el dinero a las personas dependientes, que es personal e intransferible, para dárselo a aquellos vecinos que él decidía mediante contrato".

Para Podemos, las explicaciones del presidente del Cabildo "no valen", porque "nunca una ordenanza municipal ha estado por encima de la ley".

Montero no ha pedido a Morales que dimita, pero sí ha sentenciado que "el Cabildo tiene hoy al frente a una persona que no tiene idea o miente sobre la legislación aplicable a la dependencia".

El vicepresidente del Cabildo y portavoz del PSOE, Ángel Víctor Torres, ha alegado que su grupo "no tiene nada que añadir" a este asunto, ya que se han limitado "a cumplir los requerimientos y a facilitar la información solicitada".

Torres considera que "el Cabildo ha actuado de acuerdo a la ley" y este tema "es de un ayuntamiento y de un alcalde en una etapa anterior" que supone que "reuniría argumentos en los informes tal y como ha expuesto".