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Dávila pospone la reforma fiscal al próximo mandato y pide consenso

La oposición la acusa de subir la presión recaudatoria y beneficiar a una minoría, pero la consejera defiende sus medidas y plantea una subcomisión para analizar los posibles cambios.
Álvaro Morales, S/C de Tenerife
4/oct/18 6:10 AM
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La consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, anunció ayer que su departamento está trabajando en la anunciada reforma fiscal, pero que se tendrá que aprobar y aplicar ya en el próximo mandato. En una comisión del área con mucha temática de interés y ante una comparecencia solicitada por el PSOE, Dávila hizo este anuncio tras las críticas de buena parte de la oposición por su política fiscal, defendiendo las medidas que ha tomado y, eso sí, instando a los grupos a participar en una subcomisión que planteó para analizar los informes y análisis que han ido recabando de las universidades, de técnicos de la comunidad y otros expertos fiscales para lograr una reforma lo más consensuada posible.

Dávila tuvo que emplearse a fondo ante las intervenciones de diputados como Iñaki Lavandera (PSOE), Manuel Marrero (Podemos) y Román Rodríguez (NC). Lavandera le recriminó que haya aumentado la presión fiscal desde 2015, pero sin medidas para hacer más justo el sistema, que paguen más los que más tienen y se beneficie a los sectores más desfavorecidos, "y no solo a una minoría" . Le reconoció al PP que se han dado récords de recaudación, pero se alejó de las propuestas de Miguel Jorge y abogó por una reforma fiscal realmente social. Es más, hasta admitió que su partido, cuando cogobernaba con CC, "creyó" a Dávila cuando le pidió que apoyara la rebaja del impuesto de sucesiones y donaciones al 99% al pensar que, así, se beneficiaría la clase media y baja, algo que considera que no se ha producido.

Bajo este argumento, Rodríguez advirtió de las consecuencias de estar exigiendo continuamente una nueva financiación autonómica sin atender a que, tal y como está ahora Canarias, la situación es de mal menor porque reformar ese sistema será muy complejo y puede perjudicar a las Islas. Por eso, prefiere no ser tan exigente con el Gobierno central en esto si, al mismo tiempo, se presume de reducir impuestos, ya que otras comunidades pueden acabar oponiéndose a sufragar los servicios a los isleños. Lejos de esto, cree que se debió rebajar el impuesto de sucesiones según las rentas y patrimonio, al tiempo que insiste en la necesidad de una política fiscal progresiva, remarcando que en esto sí se refleja la verdadera ideología de cada cual.

Marrero fue muy duro con la política fiscal y económica de CC, a la que le reprocha que, con el presupuesto regional más elevado de la historia, no haya conseguido que los canarios noten mejoras en su calidad de vida, en las listas de espera, en educación o en los datos de pobreza y calidad laboral.

Miguel Jorge considera también necesaria una reforma fiscal, pero para rebajar los impuestos que sea posible, siempre desde el equilibrio de las cuentas. Eso sí, le censura a CC que la recaudación no haya parado de crecer sin beneficios generales ni apoyo suficiente a la dinamización económica.

Dávila le recalcó a Lavandera que la casi exención del impuesto de sucesiones sí ha beneficiado a las clases medias y bajas porque podía haber seguido creciendo el número de renuncias a herencias por no poder asumir las cargas. Además, le respondió al resto que la política fiscal no puede descontextualizarse de la tabla de ingresos y gastos, recordando que Canarias ha estado infrafinanciada, con unos 5.000 millones perdidos. No obstante, adelantó que la reforma que prepara agilizará y hará más eficiente el sistema, aparte de recalcar las medidas en pro de los sectores más desfavorecidos.

Tras hablar de presión fiscal, Dávila tuvo que centrarse en el déficit a petición de Podemos. No obstante, esta segunda comparecencia giró en gran parte sobre su insistencia en que el Gobierno central debe flexibilizar la regla de gasto para que, así, la Comunidad pueda utilizar hasta 1.500 millones ahora bloqueados para servicios básicos, aparte de hasta 30.000 millones de los ayuntamientos en el Estado. Por esto, no paró de aludir a los argumentos de la alcaldesa de Madrid, "referente de Podemos", y exhortó a Marrero a convencer a su grupo en el Congreso para, "ahora que pueden influir en el Gobierno", lograr esa flexibilización apoyando, por ejemplo, la enmienda que va a presentar CC.

El diputado de Podemos le recordó que, hace ya dos años, propusieron usar el superávit para gasto social, aunque puso aún más énfasis en recordar el discurso mucho más suave, comprensivo y casi triunfal que tenía CC cuando aún gobernaba Rajoy, pese a que los convenios tampoco se firmaban y retrasaban. A su juicio, a los nacionalistas les ha descolocado la censura y el nuevo papel de grupos como Podemos, que, según subrayó, pasa por obligar al PSOE a mirar a la izquierda.

En una línea similar, Román Rodríguez considera muy peligroso que CC esté más cerca ahora de Cs y del ala más dura del PP con lo de Cataluña, mientras que Lavandera aprecia una obsesión con Pedro Sánchez. Miguel Jorge (PP) apuesta por relajar la regla de gasto ante el cambio de coyuntura, pero defendió la ley de estabilidad.

Podemos afea la subida salarial de los diputados

En el turno de preguntas, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, criticó que, ante la situación social en Canarias y con lo que les ha costado, por ejemplo, a los pensionistas lograr que les suban sus pagas según el IPC, la mesa del Parlamento regional haya decidido una subida salarial para los diputados que supondrá unos 60.000 euros más al año de gasto. Además, advirtió de que esto repercutirá en lo que perciban los miembros del gobierno y censuró que el actual sea el Ejecutivo con más consejerías, direcciones y asesores. Dávila le replicó que este discurso tendría coherencia si Podemos no defendiera la reforma electoral, que implicará 10 escaños más, aparte de apoyar al Gobierno central con más ministros, si bien Podemos aboga por la reforma sin más gasto.

El PP advierte de que no se aplica la "tasa rosa"

También en las preguntas, Josefa Luzardo (PP) advirtió de que Apple cobra el 21% de IVA a los canarios pese a estar exentos de ese impuesto, aparte de que, por motivos similares, la "tasa rosa" aprobada en los presupuestos de este año a propuesta de Podemos para rebajar los productos higiénicos básicos para las mujeres no se está reflejando en los precios. Dávila admitió que esta situación la conocen desde 2017, aunque prefirió no referirse a empresas en concreto por la reserva de datos. Eso sí, recalcó que ya han notificado a las grandes compañías que deben aplicar el IGIC y calcula más de 2 millones mal cobrados.

CC avisa de los perjuicios de las cláusulas sociales

La comisión la abrió Mario Cabrera (CC) con una pregunta sobre el proceso participativo para definir las cláusulas sociales en los concursos públicos, dada su preocupación por el hecho de que las pymes y autónomos canarios (como ferreterías, empresas de imagen y sonido...) no puedan competir con grandes compañías, cada vez más presentes en las Islas. Dávila insistió en que se intentará no perjudicar a las empresas canarias, siempre que cumplan los requisitos sociales, al tiempo que presentó el observatorio sobre los concursos como el ente clave para analizar y evitar perjuicios indeseados.

ASG exige garantizar las muestras para investigar

Con Dávila a favor, la comisión la cerró ASG exigiendo garantizar que las muestras que llegan a las aduanas canarias para investigar en los hospitales no se deterioren, así como avanzar hacia el 4% de PIB en educación en 2019. Sobre esto, la consejera recordó que se prevé el 5%, pero en 2021.