La comisión de Discapacidad del Parlamento de Canarias sirvió ayer para que la Asociación Profesional de Terapeutas Ocupacionales de las Islas expusiera con gran detalle la difícil situación que viven estos trabajadores, el olvido que dicen sufrir de las instituciones públicas y sus muchas carencias. Entre éstas, y si bien este dato lo aportó Luis Alberto Campos (NC), destaca el déficit actual de estos profesionales, que se eleva a 120 si se atiende a la población actual, las recomendaciones y las medias en otras comunidades.

Más allá de esta cifra, el que realmente radiografió la situación actual de los terapeutas ocupacionales fue el presidente de la citada entidad, Diego Moguel Cano. Con tono serio pero cargado de datos y argumentos, Moguel censuró el "ostracismo" que sienten padecer por parte de las instituciones, no solo por su ausencia en distintos órganos sociosanitarios de representación, sino por ni siquiera llamarles a participar en el plan de sanidad impulsado por el consejero del área, José Manuel Baltar.

Este olvido institucional se ve reforzado aún más con los perjuicios de no poseer colegio profesional. Una debilidad que notan, por ejemplo, en el creciente intrusismo. De hecho, y según subrayó, a su entidad le constan hasta 7 denuncias en 2017 contra trabajadores que decían ser terapeutas, pero que carecían de la titulación oficial, casos que se han dado incluso en centros privados.

Sin embargo, Moguel puso aún más énfasis en el impacto que esta situación está teniendo para los pacientes que necesitan de sus cuidados. Entre otras consecuencias, subraya las listas de espera por la falta de personal suficiente, que en diciembre de 2017 ascendían a más de 7.200, cifra que el diputado socialista Marcos Hernández elevó a más de 8.500.

Moguel intervino ayer a petición de Podemos, grupo que, a través de la diputada Natividad Arnáiz, exigió medias urgentes para paliar estas carencias. En una línea similar se pronunció NC, PP y el PSOE, si bien Hernández trató de consolar al presidente de la asociación indicándole que ningún partido de la Cámara ha sido invitado a participar en el citado plan de sanidad. Desde CC, Elena Luis temió que la comparecencia no abordase cuestiones sociosanitarias, si bien finalmente la vio justificada y reconoció que se necesitan mejoras, aunque subrayando los avances y recordando los esfuerzos por la crisis.

Luego, la consejera del área social, Cristina Valido, compareció a petición del PSOE para volver a hablar del plan de atención a las personas con discapacidad. Frente a visiones como la de María Teresa Cruz Oval (PSOE), Valido considera que la redacción de este proyecto ha sido bastante ágil y que, de haberse hecho antes, habría casi que ponerlo en cuarentena porque no se puede hacer a la ligera sin perder calidad y, por tanto, eficacia. No obstante, confía en que, a finales de este mes, se pueda validar y que, en noviembre, se produzcan las pertinentes reuniones con el subsector antes de concluirse de forma definitiva.

Valido subrayó que han puesto todo el énfasis y agilidad posible y que las carencias de personal impiden mayor celeridad, lo que contrasta con la opinión de Cruz Oval y otros grupos, que consideran que se podía haber avanzado más. Eso sí, por primera vez Valido no descartó del todo que la ley de Servicios Sociales se tenga que posponer a otro mandato, aunque confía en que esto no se dé.

Valido: "Imposible tramitar ahora la tarjeta de discapacidad"

Tras una pregunta de Josefa Luzardo (PP), la consejera de Servicios Sociales reconoció ayer que, en lo que queda de mandato, a su área le será imposible tramitar y entregar las tarjetas de discapacidad solicitadas en esta legislatura en sendas Propuesta No de Ley (PNL) del PSOE (de 2015) y de NC (de 2016). Ante el malestar del PP y PSC, y con mayor comprensión pero creyendo compatible hacer realidad esto por parte de NC y Podemos, Valido justificó esa imposibilidad en la falta de personal y en que tiene que priorizar, considerando mucho más relevante que los técnicos se centren en el plan de atención a la discapacidad o en tramitar los casos de dependencia. Además, y frente al PP, subrayó que los técnicos le advierten de la complejidad de esta tarjeta, lo que Luzardo rechaza, entre otras cosas, porque casi todas las comunidades, a excepción de Canarias y las ciudades de Ceuta y Melilla, ya la tiene y, en algunos casos, desde 2003. Para todos los grupos, incluida CC, la tarjeta es importante para facilitar la vida a los discapacitados, si bien Valido aclaró también que quieren delimitar bien su uso y que no se den picarescas como la que se produce con las tarjetas de aparcamiento, que pasan de unos familiares a otros sean o no discapacitados.

Evitar despidos de discapacitados en policías o bomberos

Con este antecedente, Luzardo lamentó el caso que le hace el Gobierno regional a las PNL que se aprueban. Por eso, y aunque se sumó a una propuesta común de todos los grupos, duda de la PNL aprobada ayer, al final de la comisión, sobre la imposibilidad de despedir a discapacitados de las fueras del orden, cuerpo de bomberos y personal de emergencias. Una iniciativa que vino consensuada de antemano entre todas las fuerzas y que tratan de evitar que se den casos como uno reciente, una persona despedida por su condición de discapacitado. Por eso, se elevará al pleno un acuerdo para tratar de impedir algo así en el futuro en el cuerpo general de la Policía Canaria, policías locales de las Islas y bomberos de los diferentes consorcios de seguridad y emergencias del Archipiélago.