Las familias en situación de extrema necesidad no sufrirán cortes en el suministro de la luz en caso de impagos. El Gobierno de Canarias, la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y la compañía Endesa firmaron ayer un convenio para garantizar el servicio en todos aquellos hogares compuestos por personas "en vulnerabilidad extrema severa". Este acuerdo público-privado permite que se desarrolle con garantías el nuevo bono social eléctrico, cuyas modificaciones fueron aprobadas ayer por el Consejo de Ministros.

El protocolo rubricado ayer establece que la compañía eléctrica enviará un listado de deudores para que los ayuntamientos puedan evaluar y acreditar -mediante un informe de sus servicios sociales- la situación de precariedad de sus vecinos. Este certificado les permitirá acceder a las distintas bonificaciones que contempla el nuevo bono social, que llegan al 100% en los casos de vulnerabilidad extrema. Esta herramienta agiliza el procedimiento dispuestos en el real decreto.

Ahora mismo, según los datos proporcionados por el grupo energético, en Canarias hay contabilizados como beneficiarios del nuevo bono social 17.795 clientes, de los que más de 8.000 son "clientes vulnerables severos". La entidad estima que, en el caso de los clientes con más dificultades para abonar el pago, con la nueva regulación, ese colectivo tiene subvencionado el 100% de la factura.

El coste del nuevo bono eléctrico corre a cargo del Gobierno canario, los ayuntamientos y Endesa. Las administraciones públicas abonarán el 50% y el otro 50% correrá a cargo de Endesa.

El anterior bono contaba con cerca de 100.000 beneficiarios en Canarias, que recibían distintos tipos de ayudas. El nuevo sistema incluye la cobertura total en casos extremos y vincula las bonificaciones a las situaciones personales -ser pensionista, viudo, miembro de familia numerosa... - y a los ingresos disponibles.

Los criterios de renta se fijan teniendo a partir del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), una cifra que establece el Gobierno en los Presupuestos Generales del Estado cada año y que en 2017 fue de 532,51 euros al mes (en 14 pagas al año).

La consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, Cristina Valido, explicó ayer que la medida puesta en marcha por su departamento "mejora la protección a las personas y a las familias más vulnerables, aquellas que ni siquiera pueden asumir el recibo de la luz, un servicio esencial para tener una vida normalizada", precisó.

Las personas en situación de vulnerabilidad extrema son atendidas regularmente por los servicios sociales de los ayuntamientos con ayudas de emergencia social. Esas ayudas sirven para pagar la luz, pero también el agua o los medicamentos, lo que dificulta hacer un cálculo exacto de los beneficiarios potenciales en las Islas. No obstante, Endesa estima que los vulnerables severos podrían ascender, como máximo, a 16.000 usuarios.

Endesa, además de firmar este acuerdo con el Gobierno regional, ha diseñado una aplicación para que los clientes puedan solicitar el nuevo bono social y se ha comprometido a advertir a los clientes en las facturas la posibilidad de adherirse a este servicio si cumplen con los requisitos.

La "app" ya ha generado más de 4.000 descargas. A partir de ella se han canalizado 1.500 solicitudes procedentes de todo el país, según datos facilitados por la compañía eléctrica.