Primero lo explicaron a los representantes del tejido sindical y empresarial para luego darlo a conocer a los medios de comunicación. La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, desplegaron el diseño del departamento para reforzar la vigilancia sobre el fraude laboral en la contratación con la presencia de 32 nuevos inspectores que llegarán desde otras comunidades autónomas.
El denominado Plan Extraordinario de la Inspección de Trabajo comenzará el próximo día 15 y se extenderá a noviembre con la presencia de 16 nuevos profesionales cada mes que se añadirán a la plantilla ordinaria cuyo número es de aproximadamente noventa. El proyecto prevé visitar más de 1.280, con una ratio de cuarenta por inspector, durante tres semanas en cada caso.
Esta intervención extra que se produce estos meses porque es cuando se firman más contratos, en torno a los 180.000, se unirá a la ordinaria que en lo que va de año -hasta septiembre- ha beneficiado a más de 10.000 trabajadores que tenían contratos fraudulentos en tres ámbitos diferentes: temporales, parciales o sin contrato (aflorados).
Valido recordó "la efectividad de estas campañas extraordinarias que investiga a empresas previamente seleccionadas. Este plan sirvió de base para la elaboración del recién presentado plan director por un Trabajo Decente 2018-2019-2020".
"Queremos que se cree, genere y mantenga el trabajo de calidad y desde luego acabar con el abuso", constató Valido, que aseguró que este plan "se justifica más que nunca en un momento de crecimiento del empleo". "Sumamos estos 32 inspectores a los 90 que ya tenemos en plantilla en defensa de los trabajadores que sufren abuso, así como de las empresas que incumplen y realizan una competencia desleal".
La consejera añadió que "la labor inspectora también se realizará para evitar el fraude en las subvenciones y ayudas gestionadas en materia de formación para el empleo".
Francisco Guindín, por su parte, expuso los principales resultados de la actividad ordinaria de la Inspección durante los primeros tres trimestres de este año que ha permitido la afloración de 7.000 contratos irregulares, de los que 6.000 eran temporales que se han convertido en indefinidos y otros mil con jornadas a tiempo parcial inferiores a las que realizaban en la realidad los trabajadores.
A estos 7.000 se debe añadir los 3.000 empleos aflorados de personas que desempeñaban su labor sin contrato. Un total de 10.000 trabajadores que mejoraron sus condiciones laborales.
Guindín informó también de que de las más de 80.000 cartas enviadas por el Estado a empresas aleatoriamente a través del plan director por un Trabajo Decente en toda España, en Canarias fueron 3.300 de las que el 63% de las empresas reconocieron que cometían irregularidades y modificaron los contratos. "Hay que valorar estos datos -precisó- en base a una muy buena selección de las empresas".
El plan plantea como objetivos constatar la situación de alta en la Seguridad Social de los trabajadores y trabajadoras de las empresas que se visiten; comprobar el cumplimiento de las jornadas laborales pactadas; convertir los falsos empleos a tiempo parcial en contratos a tiempo completo, con el consecuente reconocimiento de las horas extras y evaluar la conversión de contratos eventuales en fijos.
Los responsables de la Consejería recordaron los resultados de la campaña extraordinaria del año pasado, en la que se mejoró la situación laboral de 2.719 personas que tenían contratos irregulares o no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Esta actuación, que se concentró en dos meses, reforzó la actividad ordinaria de la Inspección e incrementó sus resultados en un 24,75% en materia de temporalidad y un 26,88% en incremento de la jornada en contratos a tiempo parcial. El plan extraordinario se enmarca en el convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Trabajo el pasado 26 de julio y que articula de forma expresa el refuerzo de efectivos que se desplazarán de otras comunidades durante dos meses. Cristina Valido recalcó que no se debe generalizar porque "ese 83% de incumplimientos se hace en base a indicios o rastros de que se cometen irregularidades. Pensamos que la mayoría de las empresas canarias cumple con sus trabajadores y con la legislación vigente". Como balance del año, hasta junio se han detectado 2.898 infracciones con una propuesta de sanción -luego puede recaudarse o no- de 7.887.591 euros, 5.286 requerimientos a empresas y la afloración de 2.289 empleos. El director general de Trabajo, José Miguel González, cuantificó la labor económica de la Inspección con los datos cerrados de 2017: 18 millones en sanciones propuestas y otros 54 aflorados de cotizaciones sin declarar.