En pleno debate sobre si la subvención del 75% a los billetes de avión y barco entre la Península y Canarias ha supuesto desde este verano una subida de precios, tal y como teme el Gobierno isleño, da por hecho Podemos pero niega NC, según lo dicho por Fomento, una especialista arrojó ayer algo de luz en una nueva reunión sobre la situación del transporte en las Islas. Lo hizo Raquel Lucía Pérez Brito, exdirectora general de Globalia en Canarias y que aún colabora con esta empresa y Air Europa con su consultora, negando esa supuesta subida y anunciando, sin embargo, un considerable aumento de la oferta de plazas aéreas desde este noviembre: en concreto, 27.469 nuevos asientos gracias a la apuesta de las compañías Iberia Express, Norwegian y Raynair.

La que fuera concejal del PP en La Laguna aclaró al principio de su larga intervención que no se considera una experta en transportes, pero los grupos sí le otorgan ese estatus. Según remarcó, el 75% de subvención ha resultado un rotundo e innegable éxito en los viajes entre Islas desde que se aplicara en el verano de 2017. De hecho, indicó que han aumentado un 32%, con un millón más de traslados. Además, esto ha coincidido con la llegada de 3 aviones de Air Europa, mayor competencia que, a su juicio, es la causante de la bajada de precios desde los 20 (en realidad, nunca logró comprar un billete por menos de 35) a los 10 euros que ahora le cuesta a un canario moverse (con otros 30 que aporta el Estado por el 75%) por lo hecho por las otras 2 compañías.

Preguntada por si esto puede repetirse con la Península, prefiere la prudencia y esperar al verano, aunque negó que hayan subido los precios y en tal caso, la limita a "1, 2 o 3 euros". Eso sí, advierte de que, si bien ahora no influyen, en el futuro sí pueden crecer por el aumento del precio de los combustibles o por el 2,5% que le cuesta a compañías como Air Europa gestionar esa ayuda con el Estado.

Sobre esto, cree más acertado apostar por sistemas como el que se aplica en Madeira, donde el pasajero paga todo el billete, tiene un coste fijo de 86 euros por vuelo (o 60 si se es estudiante) y luego reclama mediante correos la subvención si el billete no supera los 400 euros, aplicándose escalas. Ante el rechazo de varios grupos por temor a que esto perjudique a los canarios, remarcó que, lejos de eso, hasta podría viajarse gratis si las compañías garantizan antes unas ventas que ya les den beneficio con el resto de clientes.

También se refirió a la "quinta libertad" y cree que Canarias debe hacer todo lo posible para que se pueda aplicar en Canarias, así como las zonas francas para servir de plataforma tricontinental (sobre todo con África), dado que, ahora, es mucho más rentable para las empresas usar puertos como el de Valencia si no se trata de productos perecederos.

El jefe del departamento de Movilidad y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife, Pedro Luis Campos, abrió la reunión de ayer y dijo que no se puede anticipar si el nuevo bono de residente permitirá incorporar a nuevos usuarios y, por tanto, reducir las personas que recurren a coches, o si se limitará a un trasvase de los que adquieren otras bonificaciones. Campos tiene claro que los que usan guaguas con asiduidad sí se cambiarán al ahorrar unos 150 euros al mes, si bien pide tiempo para lo otro ante las dudas o, más bien, la convicción de la mayoría de grupos políticos de que no servirá.

Sobre las colas en la TF-5 y TF-1, así como la evolución de la guagua, admitió que no han podido ganarle la batalla al coche, aunque, desde 2016, Titsa ha recuperado usuarios y este 2018 cerrarán con 38 millones, aún lejos de los 42 de 2007. Tras detallar los datos del paso de coches por ciertos puntos y lamentar la falta de vías de más de 2 carriles en un mismo sentido, apuntó como medidas paliativas los aparcamientos disuasorios con parcelas a alquilar, la movilidad sanitaria con los hospitales comarcales, pactos con Ashotel para el traslado de empleados (primero, el grupo Fedola), con colegios para encauzar los viajes de padres, el taxi compartido o, en el futuro, impedir el acceso de los vehículos a las ciudades.