La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, ha afirmado este martes, tras presidir el Consejo General de Servicios Sociales, que el archipiélago tiene que seguir impulsando recursos para combatir la pobreza infantil.

En el Consejo, en el que se ha sometido a informe el anteproyecto de Ley de Modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores y la Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021, Valido apuntó que ambos documentos guiarán las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza de los próximos años, según informó el Gobierno regional en nota de prensa.

Asimismo apuntó que los últimos datos publicados sobre pobreza y exclusión social de Canarias, "confirman que los índices de pobreza bajan en más de cuatro puntos, por encima de la media del Estado, que lo hace en 1,3 puntos".

Sin embargo, reconoció que las cifran confirman que hay que "seguir impulsando acciones y recursos para mejorar esta realidad en el archipiélago, entre ellos la modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores, ya que se trata del colectivo al que se debe prestar el mayor apoyo".

Así, agregó que en 2018 el Gobierno canario ha contado con 15 millones de euros extras para programas contra la exclusión social, de los que tres millones de euros "se han destinado específicamente a paliar las situaciones de pobreza infantil".

De todos modos, indicó que también están esperando que el Estado remita otros 30 millones más que, junto a acciones en el ámbito del empleo, como el Plan de Empleo Social recientemente firmado, la prestación canaria de inserción y el apoyo a las entidades del Tercer Sector, "ocupan el núcleo de acciones contra la exclusión".

En cuanto a la modificación de la Ley Integral de Protección a los Menores señaló que "va en sintonía con el ''Pacto Canario por la Infancia'' suscrito por el Parlamento autonómico". Al respecto, explicó que este documento "supone la aceptación de la recomendación a los estados sobre la pobreza infantil" de la Comisión Europea, que fija como pilares estratégicos de las políticas sociales públicas el acceso de las familias y los niños a los recursos adecuados, a servicios de calidad y el derecho de los niños a la participación.

Agregó que la nueva norma "pone el foco" en el sistema de protección, ya que recoge la figura de las familias de acogida, que la anterior ley no la recogía, e incluyen los derechos de los jóvenes extutelados y su acompañamiento para que tengan ayuda hasta que puedan ser independientes y no solo hasta que cumplan 18 años. Asimismo se contempla la posibilidad de que "los menores puedan acudir al Diputado del Común".

Por su parte, el Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago Rodríguez, afirmó que la presentación de la estrategia "supone un paso más" de Canarias en la lucha contra la precariedad.

Rodríguez calificó la Estrategia de documento "ambicioso, consensuado con todos los agentes políticos, económicos y sociales, y en el que han participado todos los departamentos del Gobierno de Canarias".

"El documento que presentamos parte de un análisis serio y riguroso que nos indica que la pobreza y la exclusión social son procesos multicausales y multivariables, donde la edad, especialmente la infancia, el género y la etnia o procedencia configuran diferentes perfiles de riesgo, podemos afirmar que la exclusión social es un concepto más complejo y, por ello, mucho menos definido. Tiene mucho que ver, sin duda, con la pobreza económica, pero no se limita a ella", aseguró.

Por último, apuntó que para conocer "de manera rigurosa y pormenorizada" la situación de cada una de las islas, el comisionado ha encargado una "macroencuesta" para principios del próximo año y que llegará a 4.600 familias y a más de 13.000 personas. "Observen la diferencia: el Instituto Nacional de Estadística solo llega a 432 familias. A partir de este momento no habrá actuaciones contra la pobreza que no sea medible. Queremos desterrar las creencias", concluyó.