Todas las obras de carreteras canarias licitadas, comenzadas o ejecutadas desde 2012 han tenido o tendrán algún sobrecoste, bien por retrasos por la financiación o por proyectos añadidos o modificados. Así lo reconoció ayer, en la comisión informativa de su área, el consejero de Obras, Carreteras y Transportes, Pablo Rodríguez, quien, eso sí, dejó claro ante las duras y constantes críticas de la oposición, que no se ha incumplido la ley, que hay que diferenciar bien un sobrecoste de una ampliación, cambio o nueva obra, y que esto es constante en obras públicas y privadas. Además, defendió la actuación de los proyectistas y de lo técnicos fiscalizadores.

El vicepresidente regional compareció a petición de Manuel Marrero (podemos), sin duda el diputado más crítico con lo que está ocurriendo con las obras que comienzan con un coste y, por el camino, se duplica o hasta triplica sin que pase nada. Marrero puso el ejemplo de la C-830 (norte de La Palma), que tenía que haberse terminado en 40 meses cuando, en realidad, se excedió del plazo en más del triple y lo invertido fue un 96% más de lo programado al principio (32 millones). Además, se mostró muy crítico con las trabas puestas a su intento de acceder a la información detallada de los cambios, censurando que algo así ocurra en la etapa de la digitalización, al tiempo que cuuestionó si se ha hecho todo lo previsto en cuanto a puentes, volumen de asfaltado y otras medidas de seguridad. Según remarcó, que miembros de empresas le digan que, antes que otros recursos, contratan a técnicos para justificar los cambios de obras lo resume todo.

Por NC, Esther González se mostró también muy crítica y rechazó una de las máximas de Rodríguez: que los sobrecostes se deban a los recortes en el convenio desde 2012, al apuntar a esa C-830 o a la vía Ofra-El Chorrillo. Asimismo, cree que muchas obras modificadas o ampliadas no se fiscalizan bien y obedecen a la búsqueda de mayores beneficios de las compañías por una mala gestión de CC.

Desde el PSOE, Patricia Hernández cree que un pésimo ejemplo de esa mala gestión se dio con la vía Ofra-Chorrillo y recordó que, en este caso, se certificó obra que no se había ejecutado.

NC aprecia "tráfico de influencias" con el bono

Tras la comparecencia sobre los sobrecostes, Rodríguez vivió otra no menos intensa, aunque sí ya reiterada por tratarse de la octava vez que se refiere al bono residente. Eso sí, esta vez elevó el tono Esther González (NC), quien considera que el Cabildo de Tenerife se ha beneficiado de un "tráfico de influencias" por ser el primero en aplicarlo. Por supuesto, el vicepresidente no solo lo negó, sino que le pareció muy grave deslizar algo así, al tiempo que recalcó que la información ha sido igual para todos y que, a corto plazo, habrá bonos en Gran Canaria (de 35 a40 euros), Fuerteventura y La Palma.

El PSC vuelve a censurar la "parálisis" en la TF-5

En otro clásico, Patricia Hernández (PSOE) volvió a censurar la nula obra nueva en carreteras en Tenerife y los escasos avances para paliar las colas en la TF-5, ante lo que Rodríguez insistió en que se necesitan proyectos plurianuales.