A priori, no tiene el interés, la utilidad inmediata o el impacto ciudadano que una subvención del 75% para viajar entre Islas o a la Península, pero el nuevo Estatuto de Autonomía que estrenó Canarias el pasado miércoles, tras su aprobación definitiva en el Senado, marcará buena parte de las próximas tres o incluso cuatro décadas del Archipiélago. Parecen palabras gruesas que, como el término "histórico", muchas veces se diluyen o relativizan con el tiempo, pero, si se repasa la hemeroteca, también se emplearon cuando, en 1982, estos siete maravillosos peñascos del Atlántico contaron con su primera especie de "Carta Magna". Un estatuto que, pese al, aún, alto desempleo o ratios socioeconómicos que dejan a Canarias a la cola del Estado, ha permitido la etapa de mayor progreso, autogobierno e integración en Europa de los últimos siglos.
Ese progreso, siempre con la perspectiva del tiempo, seguirá ampliándose gracias al nuevo texto porque, entre otras cosas, posibilita que Canarias entre en las llamados estatutos de segunda generación y, según coinciden todos los grupos que lo apoyan, lo haga con un articulado propio del siglo XXI y de los desafíos estatales, para las RUP, Europa y el mundo actuales. Unos desafíos entre los que, por supuesto, se incluye el cambio climático, el uso de renovables o la gestión de residuos y de vertidos al mar o la tierra.
Para empezar, un salto simbólico es que esos siete terruños ya no son solo siete, sino ocho, al reconocerse como isla habitada a La Graciosa. Además, y en un salto inédito en España, las Islas serán la primera región con competencias sobre su mar perimetral. No obstante, lo principal es que, al menos en la visión de CC, PSOE, PP, NC y ASG, los grupos que lo han apoyado en el Congreso, Senado y Parlamento regional, el Archipiélago demuestra que se puede ahondar en el autogobierno sin agrietar la Constitución ni la España autonómica, tal y como resalta la ministra Meritxell Batet.
Otra de las claves del salto adelante es el blindaje del Régimen Económico y Fiscal de las Islas y de la sensibilidad en muchos artículos hacia realidades cada vez más presentes, como la lucha contra la violencia de género, la igualdad entre sexos, la perspectiva de género, los derechos de las minorías, los dependientes, mayores o las situaciones de exclusión.
Desde un punto de vista más práctico y numérico, el Estatuto se engorda de manera considerable al pasar de los 65 artículos de 1982 (reformados parcial y mínimamente en 1996) a los 202 de ahora. Eso sí, deja en el aire cómo desarrollar a corto plazo, para los comicios de 2019, una de sus principales novedades: el cambio en el sistema electoral. Mientras el Gobierno de CC sostiene que se necesita una nueva ley a aprobar en la Cámara autonómica, grupos como NC están convencidos de que basta con la disposición transitoria y el artículo 37 para que, en mayo, se estrene lista regional de 9 escaños, tal y como pasó con el modelo aplicado desde 1983 en función del texto de 1982 sin necesitar una ley.
Por supuesto y, para muchos, por desgracia, el consenso unánime no fue posible y dos grupos pusieron reparos al texto. Ciudadanos lo concibe como un avance y se congratula de que se aprobara su propuesta de eliminar los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno regional (la primera vez que ocurre en España). Sin embargo, cree que se pudo ir mucho más allá y hasta barrunta una obsolescencia acelerada perfectamente evitable, por lo que optó por abstenerse.
Por su parte, Podemos también reconoce los muchos avances y hasta dudó sobre su voto, pero cree que, en el fondo, se ha perdido una oportunidad histórica para ahondar en lo social, para acercar instrumentos como el REF al canario medio y para que el estatuto fuera ratificado por el pueblo. Por eso, votaron en contra y de poco les sirvió la réplica de los demás de que el nuevo texto que cambie este sí pasará por referéndum.
En 30 o 40 años, se comprobará si lo de "histórico" fue o no real.
En el plano económico y fiscal, y con los matices que siempre hacen Podemos y, en parte, Cs sobre el REF, el resto de grupos coinciden en la relevancia de que el nuevo Estatuto blinde ese régimen y lo desvincule de los cambios de gobierno que pueda haber a escala estatal y de la negociación anual de los presupuestos. Asimismo, y corrigiendo el cambio de 2009, que ya ni defienden ni casi se explican los partidos que lo promovieron, el REF queda desligado, de nuevo, del sistema de financiación, lo que garantizará una considerable cifra inversora cada año en las Islas.
En el nuevo texto, se subraya que el REF se fundamenta en la "libertad comercial de importación y exportación" para las Islas, "en la no aplicación de monopolios, en las franquicias fiscales estatales sobre el consumo, y en una política fiscal diferenciada y con una imposición indirecta singular (IGIC), que se deriva del reconocimiento de las Islas Canarias como Región Ultraperiférica" de la UE. Confirmando esa desvinculación de la financiación, se aclara que los recursos del REF "son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad y de sus Entidades Locales". Asimismo, Canarias tiene facultades normativas y ejecutivas sobre el régimen y solo podrá ser modificado previo informe del Parlamento canario, con el respaldo de, al menos, dos terceras partes de sus miembros.
La relevancia del blindaje tiene consecuencias en algunas de las novedades del REF que también se aprobó el pasado miércoles, como el 75% de subvención para los residentes que viajen en avión o barco entre islas (logro en los presupuestos de 2017) o para los de la Península-Canarias (conseguido este año).