La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias ha sacado a información pública el borrador del decreto que pretende simplificar el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones, según publicó ayer en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

Se trata de un trámite previo para aprobar la entrada en vigor de esta nueva norma, con la que se busca ofrecer una respuesta más ágil y eficaz, garantizando la igualdad y equidad de los canarios en el acceso a las prestaciones y servicios. El proyecto de Decreto estará a disposición de la ciudadanía para aportaciones y alegaciones desde el 31 de octubre hasta el próximo 28 de noviembre en la página web Canarias Participa.

"Tras diez años desde la publicación del Decreto 54/2008, por el que se reguló el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, resultaba del todo necesario contar con un nueva regulación que facilite la tramitación, simplificándola y agilizándola", afirmó la consejera del área, Cristina Valido.

Se trata de un compromiso que la propia consejera había adquirido con las asociaciones de dependientes y familiares y con los agentes sociales, quien alegó que "con este trámite avanzamos un poco más para que el reconocimiento de este derecho sea lo más veloz que permita el procedimiento".

"Nuestro objetivo es lograr el mayor consenso posible, para el que esperamos contar con el conocimiento y la valiosa experiencia del equipo humano que trabaja en el área, de los usuarios, asociaciones, colegios profesionales o corporaciones locales", indicó la responsable del área.

Una de las principales novedades que se contemplan en esta nueva regulación respecto de la normativa de 2008, es la nueva configuración monofásica del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y para la aprobación del Programa Individual de Atención (PIA), que pasa de las dos fases hasta ahora en vigor.

Igualmente otra novedad es la posibilidad de encomendar la gestión a las entidades locales para descentralizar algunos aspectos o funciones del procedimiento en aras de ganar en agilidad poniendo más recursos y efectivos disponibles para la gestión del mismo.

En este sentido, también en el presente Decreto se procede a modificar la Disposición Adicional Primera del Decreto 131/2011, de 17 de mayo, por el que se establecen las intensidades de protección de los servicios y los criterios para determinar las compatibilidades y las incompatibilidades entre las prestaciones.