El incidente de recusación presentado contra el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, en relación con el llamado "caso Grúas" está registrado en la Sala de lo Penal, pero aún no ha sido admitido a trámite, informa el órgano judicial.

El TSJC indica que tampoco ha recibido por el momento respuesta del fiscal a la providencia del pasado 31 de octubre en la que se otorgaba un plazo de cinco días para emitir un informe de competencia y contenido sobre este procedimiento judicial, añade.

La semana pasada el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, criticó que la Fiscalía no haya cumplido con los plazos al tardar tres meses en emitir un informe en el que aclare si lo imputa o no en el denominado caso Grúas, que se remonta a su gestión como concejal y alcalde de La Laguna (Tenerife), y volvió a pedir el sobreseimiento.

Fernando Clavijo explicó que sus abogados han presentado dos escritos, uno de ellos en el que ponen de manifiesto la dilación en los informes de la Fiscalía y su actuación que no la consideran "adecuada" porque se vulneran sus derechos al no cumplir con los plazos ni informar de cuando se cambia de criterio, lo cual podría incurrir en un posible retardo malicioso.

Además la representación legal de Unid@s se Puede, denunciante junto a Por Tenerife-NC, del caso Grúas ha solicitado la recusación del presidente del TSJC como miembro de la Sala de lo Penal que debe dirimir sobre la posible imputación de Clavijo en esos hechos.

El caso Grúas fue archivado en primera instancia por el Juzgado de La Laguna que inició su tramitación, pero la Audiencia de Santa Cruz de Tenerife ordenó reabrir las actuaciones y ampliar las indagaciones sobre una serie de hechos que podían implicar a Fernando Clavijo.

En vista de ello, la juez instructora elevó el caso ante la Sala de lo Penal del TSJC, competente para tramitar y, en su caso, juzgar el asunto, dada la condición de aforado del presidente.

Sin embargo, la tramitación de este asunto se ha solapado con la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, primero de España que elimina los aforamientos, en una medida que solo está pendiente de que la ley se publique en el BOE para que entre en vigor.