Tras el pleno matutino para conmemorar los 40 años de la Constitución española, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, vivió en la tarde de ayer una sesión mucho menos marcada por el consenso y los parabienes cruzados. Dos preguntas de NC y PSOE sobre el caso Grúas, sus últimos movimientos ante la Justicia y sus declaraciones, así como las del consejero de Justicia, José Miguel Barragán, "insinuando" una "mano negra" de la Fiscalía para dilatar el proceso en su perjuicio, devolvieron al Clavijo más sobrio, seco y contundente. Eso sí, no muy original, ya que insistió en que se trata de "un caso político" con el que solo se intenta "dañar" su imagen, aunque esta vez sí añadió que se busca también rebajar "las expectativas" electorales de CC.
El primero en preguntarle fue Román Rodríguez, al que le preocupa y le parece grave que el presidente y el "ministro de Justicia de Canarias" expresen dudas de la independencia del Ministerio Fiscal, aprovechando sus cargos institucionales para tratar de beneficiar los intereses de Clavijo. El líder de NC recordó casos como el Icfem, el de Carmelo Padrón y otros que tardaron 12, 13 y hasta 14 años en resolverse y se mostró inquieto por la imagen institucional de un presidente de Canarias.
En su respuesta, Clavijo fue mucho más suave que, más tarde, con el PSOE. Seguro que en esto influye que, según desveló, ha hablado de la cuestión a solas con Rodríguez y es consciente de su preocupación, pero recalcó que nunca han cuestionado las decisiones judiciales, "mientras que otros en esta Cámara, sí, o convocan escraches por fuera de tribunales". Remarcó también que lo que ha hecho es ejercer su derecho "legítimo a la defensa", calificando de "anómalo" que aún no se le haya entregado el informe pedido a la fiscalía sobre el "fondo del asunto, casi 3 meses después".
En este sentido, subrayó que actúa como ciudadano, mientras que Barragán, como secretario de CC. Además, criticó que "otros" usen siglas como las de NC (en alusión a Santiago Pérez) para esta denuncia, así como Podemos, a los que culpa de haber extendido esto originariamente en los medios.
Las verdaderas chispas vinieron después, cuando la portavoz del PSOE, Loly Corujo, le reprochó que exija rapidez a la Justicia solo cuando le afecta a él, " que es como si criticara las listas de espera de Canarias por ponerle en una". Asimismo, le recriminó que haya usado su aforamiento hasta ahora para "marcarle los plazos a la Justicia", aparte de criticarle con dureza que acusen a la fiscalía, "sin el menor recato, de un retraso intencionado o la existencia de una mano negra del Gobierno central. Esto es impropio de un presidente y, si tuviera un mínimo de rubor, Barragán no sería más el consejero de Justicia", le espetó.
Clavijo negó que su ya extinto (a priori) aforamiento al aprobarse el Estatuto le haya beneficiado, pues cree, más bien, que ha sido todo lo contrario "porque he estado casi dos años sin abrir la boca". Además, le afeó el tono "jocoso", que pusiera en su boca palabras que no ha dicho, criticó al PSOE y a su secretario general por cuestionar la Justicia e insistió en que ha habido una dilación "inexplicable".
En una pregunta infinitamente más cómoda, pues para algo la efectuó el portavoz de CC, José Miguel Ruano, el presidente apeló al nuevo Estatuto para que Canarias pueda coparticipar en el futuro del aeropuerto Reina Sofía, en plena polémica por el rechazo generalizado en la Isla al proyecto de unir las terminales actuales y no crear un edificio nuevo. Clavijo recordó que ese aeródromo le aporta 100 millones de euros de beneficios al año a AENA, empresa que, además, repartió 2.000 millones de dividendos en lo últimos ejercicios. Una situación que, a su juicio, choca con el intento de "imponer un proyecto del que no tenemos conocimiento, sino una infografía, y sobre el que no sabemos si responde a las necesidades reales". El líder nacionalista dice no entender lo que considera una clara "falta de lealtad con las instituciones canarias", que sí han sido leales a AENA. Por eso, insistió en la necesidad de tener peso en Madrid y en que se cumpla el nuevo Estatuto, por lo que instó a "parar", a tener una reunión y a que dejen a la Comunidad y a las instituciones isleñas implicadas a coparticipar "porque sabemos mejor que en Madrid lo que necesitamos en estas islas para infraestructuras como esta".
Más tarde, Casimiro Curbelo trató de nuevo esta cuestión en una pregunta al vicepresidente y consejero de Transportes, Pablo Rodríguez, aunque ampliándolo a los aeródromos de La Gomera y El Hierro. Rodríguez reiteró gran parte de lo dicho por Clavijo, aunque compartió con Curbelo la relevancia de que se sustituya el sistema AFIS por controladores en los aeropuertos de esas dos islas.
Podemos le recrimina la situación de la vivienda
Como era previsible, y tras el acto de la mañana, la portavoz de Podemos, Noemí Santana, aludió al artículo 47 de la Carta Magna sobre el derecho a una vivienda digna y las obligaciones públicas al preguntarle a Clavijo por el acceso a casas. Santana cree que CC no ha hecho nada sobre esto desde 2012, aparte de criticar la insuficiente regulación del alquiler vacacional, las débiles ayudas o las 40.000 casas que faltan, que serán 100.000 en 4 años. Esto le sirvió a Clavijo para preguntarle si resulta coherente con la crítica a CC de favorecer solo la construcción, al tiempo que subrayó que ninguna democracia homologable garantiza el 100% de esta demanda. Recordó también los esfuerzos en restauración, afirmó que 40.000 serían inasumibles y dejó caer si la solución es expropiar al que tenga dos casas.
PSOE y NC tildan de "mentiroso" a Rodríguez
Rodríguez tuvo que emplearse a fondo con Patricia Hernández (PSC) y Esther González (NC). Antes había confirmado que, la próxima semana, aprobarán la licitación del carril adicional de la TF-5 y el Bus VAO. Más tarde, oyó críticas por el puerto de Corralejo o las de Marrero (Podemos) por el "cerrojazo" a los documentos o datos que pide. Sin embargo, tanto Hernández como González le acusaron de mentir al adjudicar la obra Chafiras-Oroteanda cuando, hasta ahora, apelaba al convenio para otorgar nuevos trabajos. Como en comisión, Rodríguez se agarró a Intervención y a que, de fondos propios, sí pueden destinar 30 millones a eso, pero no 500 al anillo y a La Aldea. No obstante, y por supuesto, no las convenció.
No al radar de Malpaso y a las maniobras militares
Aparte de que Clavijo y Antona se emplazaran a una propuesta del PP sobre listas de espera, el pleno dio para mucho. Por ejemplo, para que Juan M. García Ramos (CC-PNC) y la consejera de Medio Ambiente, N. L. Barreto, dejaran claro su rechazo a los nuevos intentos por instalar un radar en Malpaso y a que, por tanto, El Hierro sea objetivo militar. García Ramos critica este empeño por controlar y, al mismo tiempo, que no haya controladores aéreos. Asimismo, Barreto apoyó el rechazo de Francisco Déniz (Podemos) a las maniobras que la OTAN y el Ejército español desarrollan junto a Fuerteventura por su afección a la fauna marina en otoño, aunque Déniz iba mucho más allá.