Un informe del servicio de asesoría jurídica del Cabildo de La Palma establece que el convenio colectivo del personal de la institución insular no puede aplicarse de manera automática a la plantilla del Consorcio de Servicios, tal y como reclaman los trabajadores que se encargan de la recogida de la basura en la Isla.
Los operarios, sin embargo, cuentan a favor de sus intereses con un informe también jurídico del secretario del Consorcio, por lo que no es descartable que la lucha por la mejora de sus condiciones laborales se traslade a los juzgados.
El consejo de administración de este órgano, en el que están representados los ayuntamientos y el Cabildo, manifiesta en un comunicado que siempre ha defendido "la necesidad de negociar con el personal del Consorcio y ha estado en la disposición de que se abra una negociación fluida con el comité de empresa para revisar la situación laboral de la plantilla y estudiar posibles mejoras y plasmar las mismas en un convenio colectivo de empresa".
En realidad, ese "siempre" al que aluden los dirigentes del Consorcio de Servicio se reduce exclusivamente al espacio de tiempo que ha transcurrido desde que se produjo un cambio en la representación de los trabajadores, tras las elecciones sindicales oportunas, que siempre han señalado al gerente como responsable de la falta de negociación.