ANPE Canarias, sindicato mayoritario de la enseñanza pública no universitaria en las islas, presentó ayer la "Memoria del Defensor del Profesor 2017-2018", de la que se extraen 147 casos de intervención del sindicato ante llamadas a este servicio en Canarias, frente a los 155 del curso anterior. Este descenso supone recuperar la trayectoria positiva que el curso pasado rompió. Del total, 75 casos se produjeron en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 72 en la de Las Palmas. Por niveles de enseñanza 12 ocurrieron en Infantil, 49 en Primaria, 73 en Secundaria, 11 en Formación Profesional Básica, una en ciclos formativos y otra en el resto de enseñanzas.

Por tercer curso consecutivo las nuevas tecnologías se han erigido como principal método para realizar agresiones contra los docentes. En este ejercicio los casos han aumentado, generando estados de opinión muy nocivos para el profesorado en redes sociales como Facebook o WhatsApp. Han llegado 29 denuncias de esta índole.

Asimismo, se han producido agresiones reiteradas de nuevo, con sanciones exigidas desde la Justicia, aunque en muchas ocasiones no superan los 100 euros.

Sin embargo, como demuestra una sentencia aportada como prueba ayer mismo, "consideramos un logro que los tribunales castiguen los actos de difamación en las redes sociales y las penas impuestas hagan hincapié en la realización de tareas socioeducativas más que en pagar una sanción".

Algunas de las causas, según han detectado los dos responsables de Defensor del Profesor en Canarias (Bernardo Huerga y Domingo Rodríguez) estriban en las elevadas ratios profesor/alumno, las escasas plantillas docentes y las insuficientes medidas de atención a la diversidad.

Ya son 13 los años que lleva en marcha este servicio en el sindicato, contabilizando 34.717 docentes agredidos. El Archipiélago es el décimo, desde su inauguración en 2008, con 1.286.

Anpe Canarias expresó ayer "la decepción por el incumplimiento de la promesa de la consejera, Soledad Monzón, de asumir de manera institucional el Defensor del Profesor". Argumentan que "en noviembre de 2016, ante el Pleno del Consejo Escolar se comprometió a transferir esta responsabilidad al ejecutivo regional y reiteró la promesa el pasado abril en el Parlamento, sin que lo haya cumplido".