Canarias ha pasado de tener a 23 personas mayores o/y con discapacidad tuteladas por el Ejecutivo autónomo en 2016, a 139 en la actualidad y 39 más pendientes de resolución judicial. Los datos fueron dados a conocer por la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, en el marco de la jornada "Un entorno seguro para un futuro mejor", organizada por Aequitas-Fundación tutelar Canaria Adepsi, que se celebró en Las Palmas.
Valido aclaró que el Gobierno está inmerso en el desarrollo de un Consejo Tutelar que será el órgano encargado para gestionar y definir el modelo de tutelaje de personas mayores y/o con discapacidad. Para ello, se han celebrado ya dos reuniones de una comisión técnica en la que participan la Fecai, la Fecam, la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, el Servicio Canario de Salud (SCS) y una representación de jueces y fiscales.
"El objetivo es definir y depurar el modelo de atención a las personas mayores y personas con discapacidad y generar protocolos de actuación para establecer el procedimiento que rige este proceso administrativo", valoró Valido.
La consejera matizó para concluir que mientras la tutela estuviera en manos del Ejecutivo, las guardas podrían ser responsabilidad de los cabildos y de fundaciones, públicas o privadas.