El Parlamento de Canarias ha aprobado hoy tomar en consideración para su trámite una proposición de ley presentada por Podemos para perseguir el robo de menores a sus familias biológicas en cárceles, clínicas y maternidades ocurridas entre 1936 y 2001, un crimen que se califica "de lesa humanidad" para que no prescriba, así como facilitar a las víctimas que puedan conocerse.

En su origen, el robo de menores era político, auspiciado por el régimen franquista, y se robaban los hijos de las presas políticas para entregarlos a familias afines al régimen, pero en las décadas siguientes las víctimas eran las familias vulnerables, pobres o con carencias económicas, culturales y educativas, según se relata en la exposición de motivos de esta propuesta legal, defendida por el diputado de Podemos Manuel Marrero.

La búsqueda de la verdad, la aplicación de la justicia, la reparación de los daños y la garantía de que no vuelvan a suceder hechos así son los principios que inspiran esta norma, redactada en colaboración con las asociaciones de víctimas.

En esta propuesta, se garantiza el derecho de las víctimas a consultar archivos públicos y eclesiásticos, a la tutela judicial y a pruebas de ADN, y se establece la creación de una unidad de la Policía Canaria para investigar el robo de menores, así como la creación de un banco genético y de una comisión de seguimiento de aplicación de la ley.

Manuel Marrero, de Podemos, dijo que esta iniciativa legislativa tiene el consenso social y ahora se trata de conseguir el consenso político, y recordó que siguen viviendo decenas de familias víctimas en Canarias que se han estado buscando hasta ahora "sin amparo legal alguno".

Para el diputado de Podemos, es importante que esta ley se tramite por el procedimiento de urgencia para que pueda aprobarse antes de que en abril se disuelva el Parlamento y destacó la importancia de que en paralelo se esté tramitando en las Cortes la ley estatal sobre el mismo asunto.

"La transición se fundó en el olvido, la amnesia y la amnistía", tras cuatro décadas de democracia es hora de que las familias obtengan justicia y reparación, dijo Marrero.

La diputada de CC-PNC Guadalupe González Taño apoyó la tramitación de la ley porque se trata de un crimen de lesa humanidad, aunque alertó de las dificultades que pueden producirse se si la ley canaria se aprueba sin conocer el contenido de la estatal en cuanto a la distribución de competencias entre administraciones, puesto que si hay disfunciones se puede abocar a las familias a un peregrinar entre administraciones.

Teresa Cruz Oval, del PSOE, dijo que la democracia tiene una deuda con las víctimas de estos robos y por eso esta ley puede contribuir a luchar contra la pasividad de las administraciones públicas para conseguir verdad, justicia y reparación.

El diputado del PP Miguel Jorge Blanco se mostró partidario de que los criminales acaben en manos de la justicia, aunque señaló que este tipo de delitos se perpetraron antes, durante y después del franquismo, así como en otros países europeos, así que no deben ponerse fechas que acoten el alcance de la ley.

También dijo que no es una buena técnica legislar en paralelo con las Cortes y que sería mejor esperar a conocer la ley estatal, pero añadió que su grupo no va a bloquear por eso la iniciativa.

Luis Campos, de Nueva Canarias, puso de relieve que esta ley trata de reparar "una de las páginas más tristes y oscuras de la historia de España y de Canarias", y Melodie Mendoza, de ASG, dijo que no debe limitarse su alcance hasta 2001, sino eliminar la temporalidad para perseguir estos delitos cualquiera sea la fecha que ocurran.