Canarias

Vía libre a una norma de menores robados que elimina la prescripción

Á. M., Santa Cruz de Tenerife
21/dic/18 6:20 AM
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Un momento del pleno del Parlamento de Canarias./Ramón de la Rocha (EFE)

Á. M., Santa Cruz de Tenerife

La sesión plenaria del Parlamento regional se cerró ayer con la toma en consideración, con el apoyo unánime de los grupos, de una proposición de ley de Podemos que pretende arrojar luz y ayudar en todo lo posible a los menores robados desde 1936 y hasta 2001 a encontrar a sus familiares y que sea reparado su permanente dolor. Una normativa que va más allá de la recientemente aprobada ley de memoria histórica de Canarias y que, entre otras novedades, califica estos delitos de lesa humanidad, tal y como hace la ONU, con lo que propugna la eliminación de la prescripción, de forma que los culpables, colaboradores o cómplices paguen por lo hecho.

Manuel Marrero (Podemos) defendió la ley y recalcó que surge de la unanimidad de las asociaciones de víctimas. Lamentó que se rechace la posibilidad de incluir 200.000 euros para que 4 agentes policiales se dediquen en exclusiva a esclarecer los casos, pero subrayo la relevancia del paso dado ayer y pidió que, por la vía de urgencia, la norma pueda acelerarse y aprobarse antes de que concluya el mandato. A diferencia de PP y CC, y en línea con NC, no cree perjudicial que, al mismo tiempo, se tramite una ley similar en el Congreso. Al contrario, considera que se debe aprovechar la coincidencia para un enriquecimiento mutuo.

Por ASG, NC, PSOE, Melodie Mendoza, Luis Alberto Campos y María Teresa Cruz insistieron en la necesidad de la norma y, sobre todo, de medidas como el banco de ADN público o la tutela judicial. La diputada socialista, además, remarcó lo que supone ver morir a un hijo o perderlo, pero cree aún más cruel ser consciente de que te lo han robado conscientemente.

CC y PP avisan de que coincida con la estatal

Aunque apoyaron la toma en consideración y hasta Miguel Jorge (PP) hizo un sentido alegato a favor de estas víctimas (muchas presentes en la Cámara) y en contra de estas atrocidades de bandas mafiosas, los conservadores y CC avisaron de los límites de la ley. Aparte de algunas "contradicciones" en su texto, consideran un error que su tramitación coincida con la de la norma estatal y avisan de que se corre el riesgo de que los jueces decidan cosas opuestas sobre qué administración es competente. Por eso, creen que era mejor esperar a la estatal para complementarla con una regional. De hecho, Guadalupe G. Taño (CC) dijo que casi se abstienen. Además, Jorge indicó que no debía ponerse el límite en 1936, mientras que, previamente, ASG dijo lo mismo sobre 2001, fecha del último caso de robo detectado, ya con 23 años de Constitución.