La Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 está en vigor desde el pasado día 1 y pretende llegar a 7.000 beneficiarios. Santiago Rodríguez Hernández (Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria, 1955), desde enero de 2017 Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, valora la importancia de un documento que "tras concluir el borrador fue presentado al Consejo General de Servicios Sociales y aprobado por amplia mayoría. Luego, al Consejo de Gobierno para su aprobación definitiva, y posteriormente al Parlamento hasta ser una realidad".

La Estrategia Canaria de Inclusión Social 2019-2021 es la herramienta que pretende responder a las personas que viven situaciones de pobreza o procesos de exclusión social, así como aquellas en situación de vulnerabilidad o fragilidad social, con especial énfasis en los menores.

Para ello, desde la Consejería se impulsarán políticas y medidas activas destinadas a lograr una sociedad con mayor bienestar y menos desigualdades, más inclusiva y cohesionada socialmente.

"Una persona puede ser pobre por muy diversas causas y probablemente por varias a la vez", argumenta Rodríguez, quien valora: "La respuesta no puede ser un mero sumatorio de medidas desconectadas entre sí, sino integral y trasversal, obligando a un trabajo conjunto o coordinado entre departamentos y diferentes administraciones".

En este sentido, la Estrategia, aunque es un documento del Gobierno de Canarias, implica a las otras administraciones y a diversos actores sociales, en particular entidades del tercer sector y ciudadanos particulares. Por tanto, es participativa y se apoya en una ciudadanía activa.

El documento tiene 8 objetivos estratégicos y 34 operativos, que se concretan en 110 medidas, algunas de las cuales incluyen diversas acciones específicas, sumando un total de 342.

La Estrategia se articula en torno a tres grandes bloques o ejes. El primero, la inclusión social activa; garantizar el acceso universal a servicios básicos y la suficiencia de rentas a personas o familias en situación de precariedad, así como implementar acciones que promueven la cohesión social y ponen en valor el ámbito comunitario. Aquí juega un papel fundamental el empleo.

En segundo lugar se recogen las medidas y acciones en la atención especializada a determinados grupos o colectivos más vulnerables.

El último eje aglutina una serie de actuaciones dirigidas a mejorar la propia respuesta de las políticas públicas de inclusión social, así como la apuesta por la calidad e innovación.

El Comisionado precisa que "la tasa de riesgo de pobreza en Canarias es del 30,5% (la pobreza económica), lo que nos colocaría tras Extremadura y Andalucía (38,8 y 31%, respectivamente). Se explica por un menor nivel de ingresos de la población (8.863 euros netos por persona y año, frente a una media nacional de 11.074) y por la combinación de un elevado desempleo y unos salarios bajos".