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INOCENCIO GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE CCOO-CANARIAS

"La desaceleración puede traer más paro y peores condiciones de trabajo"

Miguel Gómez, S/C de Tenerife
8/ene/19 6:15 AM
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Inocencio González durante la entrevista con EL DÍA./J. ADÁN

Miguel Gómez, S/C de Tenerife

Los síntomas de desaceleración económica preocupan a Inocencio González. El secretario general de CCOO-Canarias recuerda que en la época expansiva ni el aumento del empleo ni la mejora de las condiciones laborales se correspondieron con la magnitud del crecimiento. Por ello, ahora cree necesario que las Islas cuenten con todos los recursos -incluidos los fondos de los convenios y la posibilidad de usar el superávit- para afrontar la situación.

¿Qué análisis hace de los datos del paro de diciembre?

No son datos malos, en la misma dinámica que en diciembre de 2017. Diciembre no suele ser un mal mes. Se bajaron 2.900 desempleados y se celebró un número de contratos relativamente inferior -63.000- respecto a los dos meses anteriores, en los que, pese ello, subió el paro. Curiosamente, en diciembre, con casi 10.000 contratos menos, bajó el paro. Es una ecuación que casi nadie se explica a no ser que la veas como la foto de la precariedad: contratos de muy poca duración y una situación constante de estar parado o estar trabajando.

¿La conclusión que se puede sacar es más empleo pero también más precariedad?

Efectivamente. Es curioso que en los meses del año en los que más empleo se genera y más número de contratos se registra, menos baja el paro e incluso sube. No encuentro otro factor que pueda explicar esa situación.

¿Cómo espera que sea 2019?

Va a ser un año complicado. Ya estamos notando esa desaceleración que muchos indicadores preveían. Hay elementos que te pueden llevar a un moderado optimismo: un nuevo Estatuto de Autonomía, un nuevo REF, una financiación estatal en aplicación de los compromisos adquiridos, que esperamos que se concrete... También estrenamos un nuevo salario mínimo interprofesional que va a suponer que unos 130.000 trabajadores se puedan beneficiar en Canarias. Existe un diálogo social a nivel nacional y hay aproximación, sobre todo con el Gobierno, puesto que con las patronales está siendo más complicado. Si este diálogo llegara a cristalizar en acuerdos, es posible desbloquear algunas cuestiones importantes que han sido impedimentos en 2018, sobre todo para mejorar la calidad del empleo, como la prelación del convenio sectorial sobre el de empresa o en materia de ultraactividad de los convenios... En esos aspectos hay bastante coincidencia con el Gobierno central. Hay también algunas medidas anunciadas, como el mayor coste en materia de Seguridad Social de los contratos de corta duración no justificados. No es todo lo que hubiésemos deseado, pero son cuatro o cinco elementos que pueden posibilitar una recuperación del empleo y, sobre todo, que el empleo que se genere sea de mayor calidad. Eso va a significar mayores niveles de cotización, que tendrán un impacto directo en el sostenimiento de los servicios públicos esenciales y, sobre todo, en uno de nuestros talones de Aquiles, que cada día vemos con más preocupación: la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones.

¿Que sea año electoral añade complejidad?

En mayo tendremos elecciones -ya veremos su amplitud-, y en esos momentos la colaboración y el interés general se ven desde la perspectiva de cada partido en función de sus expectativas electorales. Hay temas que no pueden esperar a mayo. La responsabilidad tiene que jugar un papel muy importante. El interés general debe salir adelante. Son medidas absolutamente necesarias. El entorno de incertidumbre está ahí y hay demasiados elementos que hacen que la economía no progrese de la forma que esperábamos.

¿Cómo puede afectar la desaceleración?

El crecimiento económico que se ha producido desde 2014, con tasas que ni los más optimistas esperaban, no se trasladó ni a la necesaria intensidad de la bajada del desempleo ni a las condiciones de trabajo. Si se sigue con los parámetros anteriores, una ralentización puede traducirse en mayores tasas de paro y peores condiciones de trabajo. Espero que eso no sea así, que estas medidas hagan que, aunque se crezca menos económicamente, haya un reparto más equilibrado y justo de ese crecimiento y que eso afecte al mundo del trabajo y al conjunto de la sociedad. Así podremos tener unos niveles de renta suficientes para que el consumo interno pueda soportar hipotéticas bajadas de turistas por la recuperación de otros destinos. Para no depender de las situaciones de los competidores turísticos, hubiese sido importante que desde 2014 se produjese una mejora sustancial de las condiciones del empleo y de los trabajadores a través de los convenios colectivos que pudiese servir de colchón, de amortiguador, ante tasas de crecimiento económico inferiores.

Algunas de esas medidas del Gobierno central han sido consideradas contraproducentes por algunos. Es el caso de la subida del salario mínimo.

A pesar de que tenemos un acuerdo vigente en materia de negociación colectiva y empleo que establecía incrementos en los convenios, no está siendo fácil, ni en España ni en Canarias. La subida del salario mínimo no debería afectar directamente a la intensidad de creación de empleo. Sí va a beneficiar, y en un número importante, a unos 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras en España, y pongo el acento en el género femenino, que es el más afectado por la precariedad. Las plantillas de las empresas están bastante ajustadas, con un marco normativo y contractual que les es muy favorable, en el sentido de que se utilizan diferentes modalidades de contratos y en muchas ocasiones sin una justificación necesaria se recurre a contrataciones temporales o a jornada parcial. La subida del salario va a afectar de forma muy importante a los niveles de ingresos de las unidades familiares, y eso va a suponer que se potencien determinados sectores de actividad que dependen básicamente del consumo interno.

También se ha alegado que la penalización de los contratos de menos de cinco días puede incentivar la economía sumergida.

Primero vamos a ver cómo se concreta esa medida. Una penalización generalizada a través de un mayor coste de la Seguridad Social igual no es lo mejor. Puede haber sectores de actividad en los que en momentos concretos se justifique la contratación temporal o la parcial, pero tiene que haber una justificación. Ese sistema no puede institucionalizarse. Desde enero hasta noviembre de 2018 se celebraron 14.000 contratos de menos de una semana cada mes.

¿No está justificado ese volumen de contratación temporal?

No. Cuando vas al detalle encuentras que muchos son del sector servicios. ¿Me quieren decir a mí a cuenta de qué hay esa utilización tan bestial de esos contratos precarios en la hostelería? Los datos de la Inspección de Trabajo son muy elocuentes. Afloraron más de 2.300 empleos que estaban a jornada parcial y a través de la actuación de la Inspección se obligó a las empresas a hacerlos a jornada completa. Según los datos del INE, se hacen 6,2 millones de horas extraordinarias a la semana en todo el territorio nacional, pero casi 3 millones de ellas, un 48%, son horas realizadas pero que no son ni pagadas ni compensadas en tiempo libre. La responsabilidad y la buena voluntad no son lo habitual, así que habrá que utilizar otro tipo de medidas. Obliguemos a que haya un control horario, de tal manera que un trabajador tenga que fichar a la entrada y salida del trabajo, con una supervisión de la representación sindical y de tal forma que el empresario tenga muchos más obstáculos y no tenga la tentación de utilizar formas contractuales fraudulentas para mejorar sus beneficios o ganar competitividad.

¿Deberían hacerse habituales estas campañas de inspección?

La labor ordinaria tiene un número de inspectores y subinspectores bastante limitado. Las campañas extraordinarias son necesarias, pero es inasumible económicamente mantener esa cifra de inspectores durante todo el año. Ojalá pudiera ser así, porque sería un elemento más de seguridad, un elemento persuasivo para que las empresas no abusen del marco legal, que ya de por sí les es bastante favorable. Pero uno ve los resultados y saca la conclusión de que la gente no está aprendiendo. La Inspección funciona y tiene resultados porque las empresas están utilizando fórmulas fraudulentas.

Acaban de aprobarse los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019. ¿Qué opinión tiene sobre ellos?

Son unos presupuestos expansivos. Estamos hablando, cuantitativamente, de los presupuestos más importantes de la historia de la Comunidad Autónoma. Es cierto que desde que se nos presentaron las líneas generales, de las que aplaudimos sobre todo la ficha financiera para dar cobertura a la PCI, se introdujeron algunas rebajas fiscales con las que no estamos de acuerdo. Hay demasiadas incertidumbres como para proceder a una rebaja fiscal que supondrá 140 millones menos de recaudación. Pero en una valoración global creemos que son unos presupuestos ajustados a las necesidades actuales de Canarias. Además, se da cobertura a la recuperación de derechos del sector público. Los servicios públicos esenciales, sin tener una financiación óptima, salen reforzados. Es también otra incertidumbre y una lástima que el Estado no permita a la Comunidad Autónoma utilizar los 598 millones de euros de superávit, porque significaría reforzar todavía más unos presupuestos necesarios para un año que será complicado. Es verdad que el sector público no va a hacer todo el soporte y que el privado tendrá que implicarse, pero tener unos presupuestos como esos nos debería dar una serie de garantías. El superávit es producto de ser sufridores y cumplidores de normativas muy restrictivas durante muchos años. Somos la comunidad menos endeudada. Tenemos unos índices de pobreza y unas tasas de desempleo de los más elevados del país, con salarios que están 300 euros por debajo de la media. El nuevo Estatuto de Autonomía, con la desvinculación del REF de la financiación autonómica, más ese superávit suponen unos recursos que, si se ponen en los presupuestos y se gestionan de forma correcta -que es la otra parte-, ayudarían mucho a que todos estos indicadores que sitúan a Canarias a la cola pudieran mejorar y permitirían escalar puestos en los próximos años.

Los sindicatos y las organizaciones empresariales han apoyado al Gobierno para reclamar al Estado los fondos pendientes.

Había que hacer un frente común. Se ha producido una deslealtad institucional evidente. No estamos hablando de apoyar o dejar de apoyar a un gobierno, sino de inversiones comprometidas que iban a mejorar la convivencia y los servicios esenciales, que afectan a la movilidad, a las infraestructuras hidráulicas, a la pobreza... Se hizo ese frente común, pero el resultado está siendo bastante pobre. Se ha generado una desconfianza. Las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas deberían ser una práctica común, transparente y fluida, pero eso no se está dando ni de lejos. A quien se está perjudicando con todo esto es al conjunto de la ciudadanía de Canarias y, sobre todo, a esas lealtades institucionales que hay que mantener a toda costa. Se habla entre gobiernos, no entre los partidos políticos que gobiernan en un sitio u otro. No puede ser que estés mendigando una reunión con el presidente del Gobierno central y ese presidente no escuche o mire para otro lado. No creo que esa sea una relación lógica ni que se tenga que perpetuar en el tiempo. Soy partidario de no regatear ni un euro en este mercadeo, tampoco de renegociar los planes plurianuales, porque eso ya está ahí y se contaba con ello. Hay que establecer puentes para que este nivel de crispación y esta deslealtad institucional que están imperando se reconduzcan y se tenga un diálogo fluido, pero eso significa que tampoco podemos mantenernos en esta tensión permanente, porque Canarias sale perdiendo.

El Gobierno ha insinuado que los fondos que corresponden a las Islas pueden estar siendo utilizados para apagar fuegos en Cataluña.

No son épocas de regateo y tampoco para especular o para echar más gasolina a esta situación. Yo me limitaría a exigir el cumplimiento de los acuerdos en su totalidad. Pediría al Estado que tenga esa lealtad institucional que se le presupone con los gobiernos de todas las comunidades autónomas, pero bajo la máxima de que se cumplan los compromisos adquiridos. Yo no soy el que va a decir que se incumple con Canarias es para dar cobertura a otras comunidades o compromisos. La política puede indicar cosas y la realidad puede ser otra diferente, pero aquí no hay más realidad que la de cumplir con los acuerdos.

La nueva PCI se asemeja a una renta básica

La ampliación de la prestación canaria de inserción (PCI) convierte esta herramienta en "lo más parecido a una renta básica", una demanda de los sindicatos durante los últimos años. El secretario general de Comisiones Obreras en Canarias, Inocencio González, recuerda algunos de los cambios introducidos en la prestación: se convierte en indefinida cuando el beneficiario tiene hijos a su cargo y cuando se mantienen unos niveles de renta inferiores a los establecidos y será compatible con el desempeño de trabajos precarios. "Eso va a beneficiar a un número importante de actuales perceptores de PCI cuyos derechos iban a caducar por el cumplimiento del plazo máximo de dos años y abre el abanico a otras rentas familiares que estaban excluidas", apunta el dirigente sindical. Para garantizar que las administraciones -sobre todo los ayuntamientos- dispongan de los recursos necesarios para evaluar a estas unidades familiares, los presupuestos autonómicos contemplan una ficha financiera de entre 50 y 60 millones de euros, que podrían ampliarse si fuera necesario. "Con todos estos elementos, sin que llegue a ser esa renta universal, sí será un sistema de protección potente", pronostica el secretario general de Comisiones Obreras en el Archipiélago.

INOCENCIO GONZÁLEZ, SECRETARIO GENERAL DE CCOO-CANARIAS