El Gobierno regional comparecerá en el primer pleno del último periodo de sesiones del mandato para detallar las partidas que aún quedan por llegar desde el Ejecutivo central respecto al presupuesto estatal de 2018. Lo hará a petición, entre otros, de Nueva Canarias, que considera que las cifras manejadas hasta ahora no están muy claras y que sostiene, incluso, que son bastante inferiores a los 408 millones que, en los últimos días, está esgrimiendo el equipo de Fernando Clavijo.

La fecha de ese pleno aún no se ha fijado, si bien es muy probable que se conozca hoy, cuando la Cámara regional retoma su actividad con, entre otras, una junta de portavoces y una reunión de la Mesa del Parlamento.

Desde la Consejería de Hacienda, ayer se insistía a este periódico en que la situación sigue igual, con lo que aún se reclama y espera por esos 408 millones. Entre otras partidas, se incluyen 247 del convenio de carreteras, toda vez que debían haberse transferido 307, pero solo han llegado 60. Además, faltan cifras relevantes, como los 40 millones de los planes hidrológicos para 2018, los 18 del de la pobreza negociado entre NC y el PP, los 8 para agua agrícola o los 3 para Las Chumberas.

Según se anuncia, la consejera del área, Rosa Dávila, volverá a referirse hoy, tras el consejo de gobierno, a las cifras concretas pendientes, sobre las que Clavijo se ha mostrado muy pesimista y contrariado, ya que teme que no se puedan recuperar en gran medida.

No obstante, el Ejecutivo pretende resolver la situación con motivo de la visita del presidente español, Pedro Sánchez, a Gran Canaria el próximo 17 de este mes para conmemorar el nuevo Estatuto, para lo que se trabaja en la preparación de una reunión.

Mientras, el portavoz de NC, Román Rodríguez, señalaba ayer a El Día que cree imprescindible la comparecencia del Ejecutivo regional porque considera que se ha optado por un discurso victimista que puede ser muy perjudicial para las Islas en el contexto general. A Rodríguez no le salen las cuentas y teme que lo pendiente sea muy inferior a esos 408 millones. Por lo indagado en Madrid, dice que Canarias optó por distribuir 140 millones de esos 247 que se reclaman para carreteras en 2018 para los demás años del nuevo convenio (hasta 2026) "por su imposibilidad para gestionarlos".

Asimismo, asegura que hay otros 101, los de la adenda, que no tienen por qué peligrar si se han certificado, por lo que rebaja ya la cantidad en 241 millones. También sostiene que Canarias ya ha devuelto los 1,4 no gastados del plan de pobreza de 2017 (que ascendió a 11 millones), "con lo que no debería haber problemas ya para que entreguen los 18 pendientes -se han abonado 12 de 30- si hay voluntad". Eso sí, ve en peligro los 40 del plan hidrológico por no haberse firmado el convenio y sí un "protocolo, que rechazamos".

Por el PSOE, su portavoz económico, Iñaki Lavandera, insistió ayer en que no debe haber problemas de plazos para lo pendiente, aparte de que sigue sin entender por qué el Gobierno canario no ha aceptado los 500 millones del fallo del Supremo y los 101 de la adenda, "ya que los otros 345 se pueden lograr si se litiga".