La futura ley de cooperativas de Canarias contempla medidas orientadas a promover este tipo de empresas y a elevar su aún escaso peso sobre la economía del Archipiélago, que se limita a 201 sociedades y 4.500 empleos. Entre ellas figura la enseñanza del cooperativismo en "los diferentes niveles educativos" y la prestación de "asesoramiento e información especializada" a los emprendedores que opten por este modelo empresarial.

La intención de la Consejería de Empleo del Gobierno regional es enviar el proyecto al Parlamento en las próximas semanas para intentar que se apruebe antes de que finalice la legislatura. Cumplir este objetivo "depende de lo que corramos todos", advierte el viceconsejero del área, Emilio Atiénzar, quien expresa su confianza en que la tramitación parlamentaria de la iniciativa no ofrezca "excesivos problemas", puesto que no incluye dotación económica.

Por ahora, la ley es todavía un anteproyecto y, como todos los de naturaleza económica o laboral, ha recibido el preceptivo dictamen del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, que no ha sido especialmente positivo, aunque Atiénzar destaca que la mayoría de los aspectos objeto de reparos por el órgano consultivo habían sido corregidos ya por su departamento y otros han sido modificados posteriormente.

Entre ellos se encuentran algunas propuestas que el CES no considera legales, como el derecho preferente para las cooperativas en caso de empate en procedimientos de concursos públicos, la constitución de garantías del 25% en los procedimientos de adquisición pública y la posibilidad de uso de la adjudicación directa en la adquisición de terrenos de gestión pública. Sin embargo, este último aspecto se mantiene en el caso de las cooperativas de viviendas de promoción social.

Cuando se apruebe la ley de sociedades cooperativas, el Archipiélago dejará de ser la única comunidad autónoma que no dispone de una norma que regule esta materia. Respecto a la ley nacional -que, según Atiénzar, precisa de una "modernización"-, el proyecto canario introduce una mayor "simplificación" de los procedimientos necesarios para la constitución de una cooperativa y dota de más "seguridad jurídica" la cumplimentación de trámites, con una especial incidencia en el uso de las nuevas tecnologías.

Con esta norma, el Ejecutivo espera "ampliar el abanico" de actividades a las que se dedican las cooperativas, que en Canarias se hallan "muy constreñidas" a la agricultura, sobre todo, apunta Atiénzar, quien recalca que el proyecto ha sido diseñado "codo con codo" con el sector. Que el cooperativismo sea una "alternativa" para los autónomos es otro de los propósitos de la Consejería de Empleo.

Dentro de las medidas de fomento del cooperativismo, el anteproyecto prevé que el Gobierno autonómico asumirá el compromiso de adoptar políticas que favorezcan esta modalidad empresarial. Estas políticas habrán de tener en cuenta "los mercados potenciales en los que puedan desarrollar su actividad las cooperativas con mayor nivel de éxito", así como la generación de empleo y las "particularidades de la estructura económica y social de cada isla".

La formación en cooperativismo en los centros educativos y la propia constitución de sociedades cooperativas de enseñanza son otras de las medidas recogidas en el texto, al igual que el "asesoramiento e información especializada a las personas que pretendan emprender" a través de esta modalidad.

El anteproyecto de ley contempla también destinar programas de subvenciones a la creación y desarrollo de cooperativas, reconocer como de utilidad pública las asociaciones y federaciones de cooperativas que contribuyan a promover el interés general de Canarias, sumar al sector a las "mesas de diálogo social y económico" y tener en cuenta la creación de empleo y el efecto positivo sobre las personas en riesgo de exclusión social a la hora de impulsar este tipo de sociedades.