Las organizaciones empresariales y sindicales que negociaron el nuevo convenio de hostelería de la provincia volverán a sentarse a la mesa para buscar una fórmula que permita aplicar los incrementos salariales previstos para el sector de la restauración de una forma "escalonada" y sin comprometer la viabilidad de unos establecimientos que, de aplicarse el documento tal y como está redactado, tendrían que acometer de forma casi inmediata subidas de sueldos cercanas al 20%.

El acuerdo de crear una mesa técnica que estudie esta situación se adoptó el pasado martes en el seno de una reunión de la comisión negociadora del convenio colectivo para el periodo 2018-2022, convocada para analizar el informe de la Inspección de Trabajo sobre este.

El representante de la Asociación Canaria de Empresas de Ocio y Restauración (Aceor), Rafael Trigo, recordó ayer que el colectivo apoyó el incremento retributivo del 10,25% previsto en el acuerdo, aunque posteriormente se detectó que las correcciones de algunas tablas salariales supondrían un aumento de casi el 20% para estas actividades en cuanto el convenio entre en vigor. Este incremento obedece, en parte, a que el texto tiene efectos retroactivos a 1 de julio de 2018.

Los negociadores del convenio han decidido aplazar 30 días la vigencia de las nuevas tablas salariales, periodo que se han dado para encontrar una alternativa. "No se trata de renunciar a los porcentajes recogidos en el convenio, pero sí de aplicarlos de forma escalonada para que las empresas lo puedan soportar y repercutir el aumento el próximo año", indicó Trigo, quien advirtió de que, en caso contrario, muchos establecimientos estarían "abocados al cierre" o a recortar personal.

Aceor llama la atención sobre las diferentes dimensiones y capacidades de los hoteles y de los bares y restaurantes, al tiempo que precisó que hay empresas de restauración que trabajan con precios tasados -caso de las que surten a hospitales, colegios y otros centros de la Administración- y otras, como las de eventos, que "ya tienen 2019 vendido".

Aunque CCOO no firmó el convenio de hostelería, el secretario general de su Federación de Servicios, Ignacio López, señaló ayer que el sindicato ha decidido formar parte de esta comisión técnica por "responsabilidad", una muestra de lo que los empresarios de la restauración celebran como una actitud de "predisposición" por parte de los representantes de los trabajadores.

Las partes firmantes del convenio provincial de hostelería -la patronal turística Ashotel y Sindicalistas de Base- consideran que las observaciones formuladas por la Inspección de Trabajo no ponen en cuestión la legalidad del documento. Por ello, han decidido seguir adelante con el texto en su integridad, salvo la introducción, derivada del informe de Inspección, del contrato temporal por circunstancias de la producción como la figura contractual con la que cubrir picos de actividad, en lugar del contrato por obra o servicio.

El resto de las observaciones de la inspectora se refieren a aspectos del convenio "prácticamente idénticos" a los incluidos en el anterior, que ya obtuvo el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, señaló ayer el gerente de Ashotel, Juan Pablo González.

No opina igual el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO, Ignacio González. El dirigente sindical celebró que la Inspección plantee reparos a algunos aspectos del convenio denunciados por CCOO, como las relativas a las bolsas de vacaciones y a los polémicos fondos para los comités de empresa, aunque lamentó que no haya incluido entre ellos la discriminación salarial entre sexos -con las camareras de piso como principales perjudicadas- que, a su juicio, mantiene el acuerdo. Por todo ello, Comisiones confirma que, en cuanto se publique el convenio, lo impugnará en los tribunales.