El coste aproximado para la Universidad de La Laguna (ULL) de la implantación del real decreto aprobado por el Gobierno de España que obliga a incorporar la cotización a la Seguridad Social de las prácticas académicas externas será aproximadamente de 800.000 euros.

Aunque aún está por dilucidar si el coste lo debe asumir la empresa o la universidad, el rector de la ULL, Antonio Martinón, ha asegurado en un encuentro con periodistas que le produce cierta preocupación no solo por el coste económico sino por cuestiones organizativas.

La gestión y el trámite de las altas a la seguridad social, ha señalado el rector, les va a llevar a cambiar “algunas cuestiones” aunque ha subrayado que se trata de una medida positiva para el futuro de los estudiantes, que cotizarán, en muchas circunstancias, por primera vez.

La obligación de asumir el pago inicialmente debería ser de la empresa, ha proseguido Martinón, quien ha señalado que las universidades deben tener garantía de que va a haber suficientes empresas dispuestas realizar el trámite para que no afecte negativamente en la oferta de entidades donde el alumnado realiza las prácticas externas.

Martinón ha insistido en que es una medida positiva para todos, también para el aumento de ingresos de la Seguridad Social, y una vieja reivindicación de los estudiantes, pero estarán pendientes de las conversaciones que la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) iniciará con el Gobierno central para ver cómo se aborda esta nueva situación.

Por su parte, el vicerrector de estudiantes, José Manuel García Fraga, ha puntualizado que no cree que esta medida se haya tomado con afán recaudatorio ya que durante muchos años ha sido una demanda de los estudiantes que ya se había reconocida en otros países donde durante ese pequeño período, generalmente de unos tres meses, se cotiza a la Seguridad Social.

“A todo el mundo le interesa cotizar, por poco que sea”, ha dicho García Fraga, que a su vez ha matizado que actualmente la Universidad no tiene fondos para asimilar el coste de esta medida en caso de que la responsabilidad sea de la ULL.

Si pasa por la universidad, ha indicado el vicerrector, será “doloroso” desde el punto de vista de las empresas, porque algunas dotan con bolsas de ayuda a al alumnado y no se puede descartar que esas ayudas puedan verse perjudicadas si las entidades empresariales asumen los costes derivados de la cotización.

García Fraga ha insistido en que también es un reconocimiento a la labor que realizan los estudiantes y ha dicho que esta medida intenta dar mayor transparencia al proceso ya que a veces se tiene la sensación de que los alumnos de prácticas son “mano de obra barata y eso no es así”.

Ha agregado que las prácticas externas son un complemento a la formación académica y que habría que tener en cuenta que Canarias es de las pocas comunidades autónomas donde todos los títulos de grado conllevan obligatoriamente la realización de prácticas externas, que son asignaturas con un importante número de créditos.

“Las prácticas externas crean una sinergia entre el tejido productivo, la universidad y las empresas que es muy positiva”, ha concluido García Fraga.