El grupo de Nueva Canarias en el Parlamento canario registró ayer una proposición de ley con la que plantea la aprobación de una Renta de Ciudadanía Canaria, que la formación que dirige Román Rodríguez sostiene que beneficiaría a 60.000 isleños y que requeriría de una partida de 300 millones de euros en tres años.
En rueda de prensa, Rodríguez explicó ayer que su objetivo es ofrecer una "garantía mínima de ingresos para personas empadronadas en Canarias", recalcando que no se trata solo de una reclamación de mucho tiempo, sino que se ha incluido en el Estatuto aprobado el pasado 24 de octubre.
El líder de NC remarcó que esa renta sería independiente de la situación laboral y podría beneficiar a parados o jubilados con pensiones no contributivas, así como a trabajadores en activo que no lleguen a un mínimo de ingresos que cubra sus "necesidades básicas". De esta forma, insistió en distinguirla de la prestación más parecida que ofrece hoy la Comunidad, la PCI, ya que su principal motivo sería la reinclusión laboral.
Según subrayó, la PCI apenas llega hoy a unos 10.000 residentes y cuenta con 57 millones de euros. Frente a esto, defiende que su alternativa se desarrolle en 3 fases: una inicial, justo desde que se apruebe, otra del 1 de enero de 2020 al siguiente año y, en 2021, alcanzar todo su potencial.
Para financiarla, NC propone usar esos 57 millones de la PCI, pero ampliarlos con recursos del Servicio Canario de Empleo destinados a programas de formación, cualificación y reintegración, así como rectificando la rebaja fiscal que le reprocha a CC, PP y ASG.
Para Rodríguez, esa renta ciudadana debe ser un derecho para los empadronados en las Islas que lleven, al menos, un año de antigüedad o tres en los últimos diez ejercicios. También deberán ser mayores de 25 años y tener unos ingresos que lo justifiquen.